Source: La opacidad de la luz
Esto ocurre, incluso, en zonas que han venido apostando desde hace décadas por la calidad ambiental de su territorio y han sabido generar economías boyantes y puestos de trabajo. Un caso paradigmático de esto último es la comarca del Matarraña, en la provincia del Teruel, la llamada Toscana española por su singular belleza paisajística y monumental. Fue la primera en España en pilotar un Contrato de río que puso de acuerdo a todos los agentes de la zona sobre qué querían hacer con su agua –que es tanto como decir qué quieren hacer con su tierra–, la misma que elaboró una Carta del paisaje que ha sido ejemplo en media Europa, y la que limitó la urbanización desmedida para preservar el desarrollo. Todo ello en aras de la sostenibilidad del territorio y su apuesta por un turismo de calidad. Pero hoy esta estrategia está amenazada por proyectos de megaparques eólicos que acabarían con buena parte de la economía de la zona. Se manifestarán el 16 de octubre en Madrid junto a otras plataformas que han surgido en otras zonas.
El pasado sábado, en un curso sobre periodismo económico organizado por la Universidad de Verano de Teruel y dirigido por la periodista Eva Dafior y el sociólogo y alcalde Ignacio Urquizu, tras la conferencia del periodista científico y director de sostenibilidad de Red Eléctrica, Antonio Calvo Roy, el debate del público no versó sobre otra cosa: “Renovables sí, pero no así”. No sin acuerdos con los territorios, no sin transparencia, y no sin participación. Es imprescindible que la instalación de los gigantescos molinos atienda a razones, que se preserven aquellos lugares donde priman las consideraciones medioambientales y económicas, y que donde sí sea posible su ubicación –y no faltarán lugares para ello– las gentes que los habiten perciban contraprestaciones adecuadas y no míseras migajas. Hace falta información, honestidad y unas reglamentaciones acordes con la naturaleza “verde” del desafío que se está afrontando.
El problema no es nuevo, pero las soluciones son lentas, la necesidad de acelerar la transición energética urgente, y los plazos para presentar alegaciones a proyectos de enorme complejidad, informados a menudo en plenas vacaciones de Navidad o verano, no superan el mes. ¿De verdad alguien llama a eso “participación”?
Aproximadamente la mitad de de los 140.000 millones de los fondos Next Generation irán a parar a las energéticas. Si no se invierten de acuerdo con los territorios y el respeto a las cuestiones ambientales, su ejecución se verá comprometida y su implantación se retrasará. En el asunto de la factura de la electricidad, como en el de la instalación de renovables en el territorio, son necesarios mucha luz, muchos taquígrafos, y recordar aquello de “vísteme despacio, que tengo prisa”.