La futura Ley de Lenguas puede vulnerar hasta diez normativas – Aragón – El Periódico de Aragón

La modificación de la Ley de Lenguas que el próximo jueves debatirá las Cortes puede llegar a vulnerar hasta una decena de directivas y normativas que protegen las hablas y los idiomas minoritarios en Europa. Esta modificación presentada por el Gobierno de Aragón y apoyada por el PP y el PAR es de facto una derogación de la anterior, que reconoce la existencia de tres lenguas en Aragón, entre ellas el aragonés y el catalán que los actuales dirigentes obvian, privan de sus derechos como hablantes a unos 60.000 ciudadanos y las desprotegen ante la amenaza de desaparición, especialmente el aragonés.

Además de que se ha dejado sin desarrollar la ley vigente –cuando las administraciones públicas tienen la obligación de lo contrario– el Gobierno de Aragón ha desoído los dos informes de los únicos consejos consultivos competentes que informaron desfavorablemente a la modificación legislativa.

El sesgo ideológico contrario a la designación del catalán como lengua propia de Aragón, se ha llevado por delante programas educativos como el Jesús Moncada (uno de los escritores aragoneses más importantes del siglo XX y que hizo toda su obra principal en el catalán de Mequinenza) o los premios Guillén Nicolau o Arnal Cavero, tras ser desvirtuados en su convocatoria. Asimismo, ha suprimido –amparado bajo el paraguas de la crisis y el recorte presupuestario– gran parte de las suscripciones de revistas culturales en las lenguas propias que se distribuían en centros públicos de las zonas donde viven los hablantes.

LA CONSTITUCIÓN Y LA UE Pero hay varias normativas, empezando por la Constitución Española, que protege y respeta la diversidad lingüística del país, ya en el artículo 3. Asimismo, el Gobierno de España indicó el 28 de marzo del 2012, en una respuesta parlamentaria que “el aragonés es una lengua regional o minoritaria objeto de protección y amparo”, tal y como recoge en el artículo 7 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, de 1992, ratificada por los países miembros y de obligado cumplimiento.

Lo mismo ocurre con el Estatuto de Autonomía de Aragón del 2007, cuyos artículos 7 y 35 velan por la no discriminación de los ciudadanos por “razón de la lengua” y reclama una ley que regule los derechos de utilización de los hablantes. La Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, de 1999, recoge como lenguas propias “el aragonés y el catalán (…) una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración”.