La DGA s’escuda en la “legalitat jurídica” en el cas de l’ex-secretari de Mont-roig

La DGA se escuda en la “legalidad jurídica” en el caso del secretario de Alloza.

La directora general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Paula Bardavío, compareción ayer en las Cortes de Aragón para explicar los criterios que han regido el proceso de nombramiento del secretario municipal de Alloza. Según defendió, el Gobierno autonómico se amparó en la legalidad jurídica para aprobar el nombramiento. “Había un informe favorable del equipo de Gobierno del municipio del que procedía y cumplía los requisitos para cubrir la plaza”, apuntó Bardavío. La petición de comparecencia partió del Grupo Socialista. La DGA ha vuelto a retomar el expediente.

Con respecto al expediente que intentó tramitar el ayuntamiento de Monroyo, la directora General afirmó que había errores “de forma” y que por eso no prosperó. Además de que no se informó por escrito al afectado, dijo que la resolución del alcalde de Monroyo en octubre se limitaba a suspender de empleo e incoar expediente disciplinario pero no se explicaban los motivos.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Sánchez lamentó que la DGA haya mirado para otro lado en este asunto y no haya aconsejado bien a los ayuntamientos afectados. “No se notificó por escrito a Monroyo que el expediente tenía errores”, matizó. Además, defendió que el secretario fue informado verbalemente de que se le iba a abrir un expediente e, incluso, que había una testigo.

Para el diputado de IU, Luis Ángel Romero, el Gobierno de Aragón no actuó con “sentido común”. Algo en lo que no estuvieron de acuerdo ni el portavoz del PAR, Joaquín Peribáñez, ni la del PP, María del Mar Vaquero.