El Colegio de Secretarios defiende al funcionario de Alloza.
El Colegio Oficial de Secretarios de Teruel ha cerrado filas en torno a Alfredo Soriano, el secretario-interventor de Alloza, cuyo nombramiento por parte del Gobierno de Aragón derivó hace unas semanas en la dimisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE). El funcionario dejó de prestar servicios en los Ayuntamientos de Monroyo, Torre de Arcas y La Cerollera a raíz de la apertura de un expediente por parte de la presidencia de esta agrupación de municipios, que recaía en el Consistorio de Monroyo, desde donde se alegó “dejación de funciones” e “irregularidades” de diversa índole.
Sin embargo, el Gobierno de Aragón no llegó a tramitar el expediente abierto al funcionario público porque, según fuentes del departamento de Política Territorial e Interior, “no se motivó lo suficiente”. Ello permitió a Soriano solicitar plaza en Alloza y que el Ejecutivo se la concediera. El anterior alcalde, Manuel Royo, se lo impidió por dos veces, y el Juzgado de Teruel falló a favor del interventor.
A través de un comunicado, el Colegio Oficial de Secretarios de Teruel recordó que, como a todos los ciudadanos, a los interventores “nos ampara la presunción de inocencia, y más aún en aquellos casos en los que no es que se haya sancionado a un funcionario, es que ni siquiera se ha iniciado expediente sancionador”. “Si un ayuntamiento discrepa respecto al funcionario nombrado por la Comunidad Autónoma, lo que debe hacer es dar posesión e impugnar por las vías que establece el ordenamiento jurídico, siendo en ese procedimiento impugnatorio donde deben sustanciare y probarse todas las acusaciones”, recordó el Colegio. Un secretario “es funcionario de carrera” y “tiene derecho a ocupar los puestos de trabajo reservados al cuerpo funcionarial al que pertenece, sin que ningún alcalde pueda lícitamente impedir el acceso al puesto de trabajo”, sentenció el colectivo.