Y es que es esta última legislatura los ayuntamientos de las poblaciones más pequeñas y las administraciones comarcales hemos sufrido continuos ataques y recortes de las administraciones superiores. Todo con el pretexto de la crisis, del techo de gasto, cumplir con el déficit y la reordenación competencial, entre otros. Si esa nueva fórmula de distribución de competencias de la que tanto se ha hablado y todavía nadie sabe en qué consiste. Al parecer, los territorios rurales con poca población somos los culpables de la situación a nivel nacional.
Cuatro años de “cuaresma” en el que ha prevalecido el todo vale. Traspasos de competencias encubiertas por parte del Gobierno de Aragón a las comarcas, encomiendas de gestión de servicios sin el acompañamiento de la correspondiente financiación o servicios que tienen que prestar los entes comarcales aunque debería ser la DGA la entidad prestadora, son algunos ejemplos. Sin olvidar, los “regalos” en forma de convenios, como es el caso del vertebrador, que no cubren, ni por asomo, los recortes sufridos en la financiación comarcal. Cuando les ha interesado, se han pasado por el forro leyes como la de Comarcalización, han distribuido los fondos teniendo como único criterio la población y obviando las necesidades y las realidades de los territorios.
Cuatro años en los que un despropósito ha venido seguido de otro, tiempos de escurrir el bulto y pasar los problemas a otras instituciones. Una legislatura en la que algunos se han llenado la boca diciendo que las Comarcas deberían desaparecer al tiempo que obligaban a los entes comarcales a prestar más y más servicios a la ciudadanía y en la que las Comarcas hemos recibido año tras año menos financiación.