10/12/2009 MICHEL VALLÉS
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Las Cortes de Aragón se dirigirán a la persona interesada en la lengua usada por la misma”. Así figurará en la ley que será aprobada con los votos favorables de PSOE y CHA. La ponencia en la que se debatieron las enmiendas acabó ayer su trabajo. Al final se añadieron 10 artículos nuevos y se aceptó más del 40% de las propuestas de los grupos.
El uso del catalán en las Cortes de Aragón, aunque sea solo de forma escrita, y en virtud de una modificación del reglamento, supone un acercamiento a la cooficialidad. Los ciudadanos podrán dirigirse al Parlamento en catalán o en aragonés y tendrán derecho a recibir contestación en el mismo idioma. Así deberá hacerlo también el Justicia y los ayuntamientos y comarcas de uso “histórico predominante” de cualquiera de las variedades.
Este es uno de los cambios que ha introducido CHA en el texto inicial presentado por el PSOE. Los socialistas han aceptado 80 de las 111 enmiendas presentadas por Chunta, de forma que se garantiza su apoyo para aprobar la mayor parte del articulado. La ley garantizará el uso de las lenguas minoritarias en las relaciones con la Administración en las zonas en las que se empleen de forma predominante. Además, se incluye la obligación de que las respuestas sean en el mismo idioma. Esto hará necesaria la creación de un servicio de traducción, que estará centralizado en el Gobierno de Aragón, que elaborará impresos bilingües en aragonés o catalán y castellano.
CURRÍCULO Dos academias, una para el aragonés y otra para el catalán, elaborarán gramáticas que tendrán en cuenta las variedades dialectales. A su vez se creará un consejo consultivo, y se garantizará la enseñanza voluntaria, aunque con presencia en el currículo, de ambas lenguas. “Para nosotros es un paso importante porque se ha conseguido un texto de consenso”, explicó el portavoz del PSOE, Carlos Álvarez.
Un consenso alcanzado sobre todo con CHA y en algunos aspectos, pocos, con el PAR. Desde Chunta, Chesús Bernal, se mostró “satisfecho” por la aceptación de gran parte del trabajo que ha realizado su grupo en la elaboración de enmiendas. “Aunque esta no es la ley que haríamos nosotros porque se han quedado cosas por el camino como la cooficialidad”, precisó.
A pesar de todo, la ley sigue sin gustar en las filas del PP. Su representante en la ponencia, Miguel Navarro, criticó la “radicalización” que la aceptación de las enmiendas de CHA ha supuesto. “Muchos términos que en el primer documento quedaban atenuados, ahora se reafirman”, dijo. En el extremo contrario se sitúa la postura de IU. Su portavoz, Adolfo Barrena, lamentó que la ley no contemple ni la cooficialidad, ni la enseñanza obligatoria y que sea un texto más de “justificación que de derechos” y por ello “un paso atrás”.
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