Al final, la futura Ley de Lenguas no nacerá desde el Gobierno aragonés sino fruto de la iniciativa de un partido. La coalición PSOE-PAR no ha cerrado todavía un acuerdo a este respecto. Por eso, el texto no entrará en las Cortes regionales como proyecto de ley aprobado en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo, sino que lo hará como proposición de ley del PSOE.

El PAR ha mantenido sus reticencias a apoyar desde el principio esta futura ley, a pesar de que se comprometió a sacarla adelante en el marco de los acuerdos de coalición suscritos con el PSOE, y a pesar también de que en su día, hace diez años, votó a favor de regular por ley el uso del catalán y del aragonés en las comarcas en las que se hablan otras modalidades lingüísticas junto con el castellano.

Pero, al final, el PAR se ha inhibido y ha dejado que sean sus socios del PSOE los que asuman la iniciativa y lleven a las Cortes una proposición de ley que podría entrar en la Cámara a finales de esta misma semana o, como muy tarde, a principios de la próxima, según confirmaron ayer a ABC fuentes del Ejecutivo regional.

El hecho de que el PAR se haya desmarcado de esta iniciativa legislativa no quiere decir que se vaya a oponer a ella. De hecho, fuentes parlamentarias dan por hecho que se alcanzará el acuerdo. Para eso hará falta negociar la letra pequeña de la futura ley. Será una cuestión de fondo, pero en parte también lo será de forma. El PAR desea escenificar que aporta moderación a la futura ley, y el PSOE está dispuesto a darle esa salida a sus socios para evitarles un problema interno: el catalán y el aragonesismo no tienen una conjugación sencilla.

En cuanto al fondo del asunto, el PSOE ha optado por presentar una proposición de ley alejada de la confrontación. Insiste en que no quiere que las lenguas se conviertan en un problema en Aragón, porque nunca han generado conflicto en la calle.

«Se regularán derechos, no obligaciones», subrayan desde hace meses desde el PSOE. Y esa máxima es la que vienen exponiendo a sus socios del PAR.

El objetivo es «el máximo consenso político posible» para sacar adelante esta ley, según subrayan fuentes socialistas. Por ello aseguran que se incidirá en la negociación, en primer lugar con sus socios del PAR —cuestión de cercanía—, pero sin renunciar a poder aglutinar acuerdos con el PP y con CHA, a pesar de las más dispares posiciones que al respecto mantienen estos dos partidos.

CHA defiende la cooficialidad del catalán, algo que el PSOE ha dado por descartado. El PP, por su parte, se muestra reacio a que la Ley de Lenguas cite el catalán como lengua propia de Aragón y defiende que lo que se habla en las comarcas orientales, las limítrofes con Cataluña, son modalidades lingüísticas propias, que no son el catalán normalizado.