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PROTECCIÓN DE LAS VARIEDADES IDIOMÁTICAS DE ARAGÓN.

La DGA elige a sus 5 miembros en el Consejo de las Lenguas

El PSOE designa a tres y el PAR a dos, y serán nombrados esta semana.

16/10/2010 M. VALLÉS

El Consejo de las Lenguas tendrá la próxima semana a sus quince miembros designados de forma oficial. La firma por parte del presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, del decreto que dará el visto bueno definitivo a todos los miembros será el pistoletazo de salida definitivo en el desarrollo de una Ley de Lenguas que se aplica con retraso, pero que a la vez evita desencuentros entre el PSOE y el PAR. Los socios de la coalición se han puesto incluso de acuerdo en los nombres definitivos que conformarán el Consejo Superior de las Lenguas. Por parte del Ejecutivo autonómico integrarán este nuevo órgano, José Bada, Carmen Alcover –escritora especializada en las lenguas de Aragón–, Ignacio Micolau –archivero e historiador de Alcañiz–, Manuel Castán –filólogo aragonés– y Fernando Sánchez –coordinador de la asociación lingüística Nogará–, que se sumarán a los 10 ya seleccionados por la universidad y las Cortes.

Marcelino Iglesias, con su habitual habilidad para salvar asperezas con el socio, ha sabido dejar pasar el tiempo de forma conveniente para que José Ángel Biel y algunos sectores de su partido, contrarios a la Ley de Lenguas, quisieran participar en la designación de los representantes de la DGA al consejo. Al final el presidente firmará la próxima semana un decreto que dará luz verde a un órgano que se encargará de proponer a los órganos competentes de la Administración de la comunidad autónoma líneas de actuación en el marco de la política lingüística del Gobierno de Aragón.

Por lo demás, la función del consejo será sobre todo de coordinación y representación, pues el trabajo en materia lingüística correrá a cargo de las academias, que se creará con posterioridad. De todas formas, su configuración en el marco de desarrollo de la Ley de Lenguas se considera fundamental. No en vano entre sus tareas figura también emitir un informe previo a la declaración de las zonas y municipios de utilización de las lenguas propias o proponer medidas para garantizar la protección del patrimonio lingüístico.

“Creo que hemos conseguido una muy buena representación del territorio, pues han participado tres instituciones que cubren un espectro amplio de la comunidad: la universidad, las Cortes y el Gobierno”, explicó Juan José Vázquez, viceconsejero de Educación y Cultura del Ejecutivo autonómico.

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