26/07/2009 A. IBÁÑEZ
El Defensor del Pueblo tiene pocos elementos de juicio para valorar la conveniencia de instalar en Ontiñena el macrocomplejo de Gran Scala después de cotejar la información que había solicitado al ayuntamiento de la localidad y al Gobierno de Aragón. Así se lo hace sabe a la Plataforma Stop Gran Scala, que remitió una queja a la institución. En su respuesta, el Defensor lamenta la calidad de la información remitida por el Ayuntamiento de Ontiñena, que llega a solicitar a la institución información sobre el grupo de oposición, del que desconoce si tiene “entidad jurídica propia”. Y asegura que no puede remitirle ni copia del expediente ni proporcionarle datos sobre la plataforma opositora.
En su respuesta, el adjunto a Enrique Múgica señala que el informe del consistorio “es de muy escaso contenido”. A su juicio, “denota poco interés en argumentar sobre el fondo de una queja legítima”. También le advierte de que en el ordenamiento jurídico no hay “precepto alguno” que oblige al Ayuntamiento de Ontiñena a “hacer prevalecer el interés general sobre los intereses particulares”, en el caso de que expropiara ante un supuesto interés común.
Además, admite que la instalación de Gran Scala generará un impacto económico, pero recuerda que la queja presentada por la Plataforma parte de una razonable previsión de otros impactos económicos no tan favorables, y de muy negativos impactos ambientales y urbanísticos. El consistorio del municipio justifica el complejo por el alto índice de paro, y remite al Justicia a la oficina del Inaem de Fraga.
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