Un juez embarga las opciones de compra de ILD en Ontiñena

La promotora de Gran Scala ha sido condenada en firme por deudas. Son los únicos bienes que ha hallado el juzgado a nombre del consorcio

E. BAYONA 04/01/2012

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Zaragoza ha comenzado a emitir órdenes de embargo sobre las opciones de compra suscritas por un centenar de vecinos de Ontiñena a favor de International Leisure Development Spain, la filial de ILD, el consorcio del mismo nombre que se presentaba como el promotor del macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala. Es el enésimo motivo de estupefacción generado por el más enrevesado embrollo político-empresarial del que hay noticias en Aragón.

Los embargos se han producido dentro del proceso de ejecución de la sentencia –confirmada por la Audiencia Provincial– por la que el juez condenó a ILD Spain a pagar 190.064 euros –167.542 de principal y otros 22.522 por intereses de demora– al despacho de abogados Garrigues por honorarios adeudados de la época en la que se encargó del asesoramiento legal del consorcio. El bufete declinó efectuar ningún tipo de comentario sobre el asunto.

Los embargos, que comenzaron a ser notificados hace unos días a los propietarios de las tierras mediante exhortos tramitados por el Juzgado de Fraga, se producen sobre las opciones de compra al haber sido esos los únicos bienes a nombre del moroso que el tribunal zaragozano ha podido localizar.

TIERRA DE NADIE La medida cautelar no es ejecutiva –no modifica la propiedad ni la posesión de las tierras–, aunque deja las opciones de compra a disposición del bufete, que ahora dispone de la posibilidad de ejecutarlas durante un plazo de hasta veinte años, y suspende su caducidad.

La orden del Juzgado de Primera Instancia número 3 convierte en tierras de nadie el millar de hectáreas que ILD llegó a señalar.

En la práctica, los vecinos de Ontiñena pueden disponer del grueso de las fincas –casi mil hectáreas– al haber incumplido el consorcio la obligación de pagar el plazo que debía haber cubierto octubre, mientras los dueños de otras 400 hectáreas deberán esperar a ver qué pasa con el plazo de febrero; la promotora de Gran Scala habría perdido los derechos sobre toda la tierra que había señalado al quedar en suspenso sus opciones de compra como consecuencia de los embargos y, por último, el despacho de abogados se encuentra con la expectativa de hacerse con unas tierras de secano para las que no tiene un destino previsto y cuyo valor de adquisición preferente duplica con creces el precio al que se cotizan en el mercado inmobiliario.