|
||
Pilar López. Heraldo de Aragón |
||
| 16 de septiembre de 2009 | ||
| Según el Tribunal Constitucional, una lengua es oficial cuando los poderes públicos la reconocen como medio normal de comunicación con los ciudadanos, con plena validez y efectos jurídicos. Y eso es lo que establece la proposición socialista: «Cualquier persona podrá dirigirse por escrito a las Cortes de Aragón en cualquiera de las lenguas propias de Aragón» (art. 23.2). Asimismo, reconoce a los interesados el derecho a utilizar esas lenguas en los procedimientos administrativos en las zonas de uso predominante. La respuesta de las Administraciones se realizará en su «lengua propia» y también en castellano, aunque deberán procurarse «los medios necesarios para facilitar las comunicaciones orales de los ciudadanos en las lenguas propias en las respectivas zonas de utilización histórica predominante» (art. 21).
El artículo 3 de la Constitución admite otras lenguas oficiales, junto con el castellano, pero para ello es preciso un pronunciamiento expreso en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Sin embargo, en el Estatuto aragonés no se especifica cuáles son esas “lenguas y modalidades lingüísticas propias”, porque mantener esa ambigüedad fue la única manera de conseguir su aprobación. «Desde el punto de vista de las lenguas hemos llegado hasta donde hemos podido –respondió Iglesias al portavoz de CHA en el Congreso, que pedía que nombrasen el catalán y el aragonés como lenguas-. Si usted es capaz aquí de avanzar más sin perder un solo voto, estaremos encantados.» Queda la duda de si el legislador se quiso referir a la fabla, el chistavino, el benasqués, el tensino, el tamaritano, el fragatino, o el chapurriau, como reivindican el PP y el PAR. O si pensaba en el aragonés y el catalán, como parece apoyar ahora el PSOE, a pesar de que durante la tramitación legislativa rechazó las enmiendas de CHA en este sentido. Esa es la cuestión que parece enfrentar a los políticos de siempre: andan más preocupados por los votos que pueden ganar o perder, según se posicionen a favor o en contra de llamar catalán a las modalidades lingüísticas que se hablan en las localidades de La Franja, que en las consecuencias de la llamada normalización lingüística sobre la igualdad de los ciudadanos españoles. Porque el reconocimiento del derecho a utilizar otras lenguas distintas del castellano en la relación con la Administración, como propone el PSOE, aunque sea en las denominadas zonas de uso predominante, puede provocar una clara discriminación en el acceso al empleo público: se acabará exigiendo o primando el conocimiento de las denominadas «lenguas propias» frente a los méritos o capacidad, como sucede en otras CCAA. Y ello por no hablar de los efectos sobre el bolsillo de los aragoneses en tiempos de crisis: nuevos órganos administrativos, producción y programación de contenidos en la correspondiente «lengua propia», traducciones, etc. Pilar López Marco |
