La Franja

El grupo de Vox en las Cortes de Aragón ha fracasado en su intento de eliminar el reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias. A pesar de que el PP lo llevaba en su programa electoral y que anunció un proyecto de ley a principios de año, los conservadores se han alineado con la oposición para hacer fracasar la proposición de ley de sus socios de coalición hasta hace dos meses. Solo ha obtenido el apoyo del parlamentario del PAR.

El texto se registró el pasado mes de junio, sin el acuerdo de los conservadores, con el objetivo de modificar un solo artículo de la Ley de Patrimonio Cultural, el cuarto, con el fin de eliminar el reconocimiento del que gozan ambas lenguas. Volverían así a la polémica denominación de 2013, la que aprobó el Ejecutivo PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi.

La iniciativa es la misma que el Gobierno PP-Vox anunció a principios de año, cuando adelantó que sacaría adelante un proyecto de ley con la intención de aprobarlo en las Cortes antes del verano. Como no se cumplía, Vox decidió actuar en solitario ante la inacción de sus socios a mediados de junio, cuatro semanas antes de romper la coalición de la DGA por la acogida de inmigrantes.

El parlamentario de Vox David Arranz ha considerado “decepcionante” la postura adoptada por sus exsocios y ha negado tajantemente, peso al discurso del PP, de que promoviera la proposición de ley sin antes hablarlo tras afearle que lo llevaba en su programa electoral, al igual que el PAR.

Ha negado que el objetivo sea ir en contra de las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón porque defienden “mantener vivo el patrimonio aragonés”. Así, ha aclarado que su objetivo es rechazar la “imposición” del catalán y que se utilice como “caballo de Troya”. “Es un ariete de colonización de los separatistas en su ensoñación de los países catalanes”, ha aseverado sin dejar de criticar la “lengua de laboratorio” que, a su juicio es la “fabla, el aragonés normalizado”.

Tras concluir el debate y la votación, el portavoz ha señalado a los periodistas que la actitud del PP suponía una “estafa” porque la eliminación del reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias formaba parte del pacto de gobierno ya roto. “Lo que ha pasado es increíble, han estafado a sus votantes”, ha insistido antes de tildar a los diputados de “estafadores”.

El único respaldo ha venido de la mano del aragonesista Alberto Izquierdo, que lo ha justificado con el argumento de que comparten el fondo. No obstante, ha reprochado que la extrema derecha presentara públicamente la iniciativa el mismo día que se celebraba la Diada en Cataluña. “La mejor manera de apagar un fuego no es ir con un bidón de gasolina”, ha añadido.

El interés estaba puesto en el sentido del voto del PP, que ya había adelantado que no compartía la oportunidad de la proposición de ley. Y esta ha sido la tesis mantenida por la diputada Ana Marín para alinearse con el bloque de la izquierda y Teruel Existe para tumbarla, hasta el punto de censurar a los exsocios que utilicen las lenguas “como elemento de confrontación”. “No beneficia a nadie”, ha dicho, asegurando que están “orgullosos” de las modalidades lingüísticas de Aragón.

Marín ha advertido a la extrema derecha que no les van a “marcar los tiempos” a la hora de cumplir sus compromisos y les ha censurado por tramitar la iniciativa en pleno enfrentamiento por el cupo catalán, En esta línea, ha añadido que la prioridad del PP es defender los intereses de los aragoneses “en asuntos de mayor peso político”.

El diputado y número dos del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, ha censurado que Vox no supo construir nada en su año de gobierno y ahora su primera iniciativa pretenda “destruir” parte del patrimonio cultural aragonés. La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras ha criticado especialmente a Vox por buscar la “desaparición del aragonés” al negar hasta su nombre, mientras su homóloga de Teruel Existe, Pilar Buj, ha lamentado que se olviden de los problemas reales de la gente para “fragmentar la sociedad”. Por último, Álvaro Sanz (IU) ha aludido a que el anticatalanismo “nubla la razón” a los diputados de Vox.

Un mes después de la ruptura con Vox, el Gobierno del PP empieza a definir su estrategia y los temas que va a configurar su agenda política en los próximos meses. Y, de momento, está enfriando sus planes de suprimir el reconocimiento oficial del aragonés y el catalán como lenguas propias. El Ejecutivo de Azcón no ve prioritaria la modificación de la normativa según diversas fuentes, que su antiguo socio (y del que depende en último término la estabilidad parlamentaria del Gobierno) quiere llevar a las Cortes en cuanto llegue septiembre.

Fuentes del Ejecutivo asumieron que en este momento “no es una prioridad para el Gobierno porque no es una prioridad para los aragoneses”. En este sentido, el PP considera que en este momento “no hay un conflicto social con este asunto” que les lleve a acelerar sus planes de suprimir el catalán y el aragonés como lenguas propias, cuestión recogida en el programa electoral de las últimas autonómicas.

La cuestión lingüística ha estado presente desde que el PP y Vox firmaron su acuerdo de gobierno. En el pacto figura la revisión de la ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, aprobada por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, “con el objetivo de prevenir cuantas interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”.

Ahí se quedó este asunto hasta que en enero de este año la consejería de Presidencia y Cultura, entonces dirigida por Tomasa Hernández (hoy consejera de Educación), empezó a trabajar en la reforma legal para acabar con el reconocimiento del aragonés y el catalán. La fórmula jurídica en la que se estaba trabajando era la modificación del artículo 4 de la Ley de Patrimonio para eliminar el reconocimiento expreso del catalán y el aragonés. Ese cambio se introdujo en 2016 mediante una enmienda de CHA a los presupuestos de la Comunidad.

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, se manifestó a favor del cambio normativo y defendió que en Aragón “no se habla catalán”. La consejera Hernández afirmó que no se quería prohibir hablar catalán o aragonés en Aragón, sino suprimir los glotónimos (el nombre con que se conoce a una lengua) de la ley. De este modo, consideraba, se respetaba a los aragoneses de Fraga que consideraban que ellos no hablaban catalán, sino fragatí.

En cuanto trascendieron los planes del Gobierno, se desató la polémica. Y no solo porque CHA, promotor del cambio legislativo de 2016, protestara. Hubo un manifiesto de rechazo de más de 250 profesores universitarios y una manifestación de 300 personas en Mequinenza, que tuvo el respaldo del PSOE. El asunto empezó a calentarse e incluso suscitó la reacción del Gobierno de España. El ministro de Cultura, el catalán Ernest Urtasun, se manifestó en contra de los planes del Gobierno autonómico y anunció que no iba a permitir “una regresión lingüística” en Aragón. El PP ya era consciente de que abrir el melón de las lenguas no iba a ser una cuestión menor y que iba a acaparar la atención de los medios y del debate político. Y, pese a que el cambio normativo era sencillo y que los planes de Tomasa Hernández pasaban por aprobarlo el pasado junio, llegó ese mes y, con la polémica ya amainada, el PP no quiso agitar ese avispero.

Vox, que ve en las lenguas una asignatura troncal, no quiso esperar. En junio, antes de la ruptura de la coalición de gobierno, presentó una proposición de ley para poner modificar la ley de patrimonio cultural y eliminar el catalán y el aragonés, que habían entrado en la norma tras la enmienda de CHA. El asunto lo impulsó la formación derechista sin un acuerdo previo con su socio de gobierno, que montó en cólera. El PP llegó a contactar con la dirección de Vox en Madrid, dado que la proposición de ley iba más allá de lo recogido en el pacto de gobierno. Era un momento en que el bipartito pasaba por sus peores momentos: había habido una fuerte tensión a propósito de la grabación del entonces vicepresidente Nolasco y por la decisión de Azcón de aceptar menores inmigrantes en Aragón, cuestión que al final fue detonante de la ruptura.

“Esperamos contar con el apoyo del PP y el PAR, como ejercicio de coherencia con sus programas electorales y con lo expresado en plenos recientes en las Cortes”, dice el diputado de Vox, David Arranz sobre la tramitación de esta ley. Los populares son hoy reacios a respaldar esta iniciativa, que será rechazada por toda la izquierda. No obstante, el curso político dará comienzo en septiembre con la incógnita de cómo articulará el PP su nueva relación con Vox, ya en la oposición, pero que sigue siendo determinante en la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Azcón. ¿Estarán las lenguas en la mesa de negociación?