Un mes después de la ruptura con Vox, el Gobierno del PP empieza a definir su estrategia y los temas que va a configurar su agenda política en los próximos meses. Y, de momento, está enfriando sus planes de suprimir el reconocimiento oficial del aragonés y el catalán como lenguas propias. El Ejecutivo de Azcón no ve prioritaria la modificación de la normativa según diversas fuentes, que su antiguo socio (y del que depende en último término la estabilidad parlamentaria del Gobierno) quiere llevar a las Cortes en cuanto llegue septiembre.
Fuentes del Ejecutivo asumieron que en este momento “no es una prioridad para el Gobierno porque no es una prioridad para los aragoneses”. En este sentido, el PP considera que en este momento “no hay un conflicto social con este asunto” que les lleve a acelerar sus planes de suprimir el catalán y el aragonés como lenguas propias, cuestión recogida en el programa electoral de las últimas autonómicas.
La cuestión lingüística ha estado presente desde que el PP y Vox firmaron su acuerdo de gobierno. En el pacto figura la revisión de la ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, aprobada por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, “con el objetivo de prevenir cuantas interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”.
Ahí se quedó este asunto hasta que en enero de este año la consejería de Presidencia y Cultura, entonces dirigida por Tomasa Hernández (hoy consejera de Educación), empezó a trabajar en la reforma legal para acabar con el reconocimiento del aragonés y el catalán. La fórmula jurídica en la que se estaba trabajando era la modificación del artículo 4 de la Ley de Patrimonio para eliminar el reconocimiento expreso del catalán y el aragonés. Ese cambio se introdujo en 2016 mediante una enmienda de CHA a los presupuestos de la Comunidad.
El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, se manifestó a favor del cambio normativo y defendió que en Aragón “no se habla catalán”. La consejera Hernández afirmó que no se quería prohibir hablar catalán o aragonés en Aragón, sino suprimir los glotónimos (el nombre con que se conoce a una lengua) de la ley. De este modo, consideraba, se respetaba a los aragoneses de Fraga que consideraban que ellos no hablaban catalán, sino fragatí.
En cuanto trascendieron los planes del Gobierno, se desató la polémica. Y no solo porque CHA, promotor del cambio legislativo de 2016, protestara. Hubo un manifiesto de rechazo de más de 250 profesores universitarios y una manifestación de 300 personas en Mequinenza, que tuvo el respaldo del PSOE. El asunto empezó a calentarse e incluso suscitó la reacción del Gobierno de España. El ministro de Cultura, el catalán Ernest Urtasun, se manifestó en contra de los planes del Gobierno autonómico y anunció que no iba a permitir “una regresión lingüística” en Aragón. El PP ya era consciente de que abrir el melón de las lenguas no iba a ser una cuestión menor y que iba a acaparar la atención de los medios y del debate político. Y, pese a que el cambio normativo era sencillo y que los planes de Tomasa Hernández pasaban por aprobarlo el pasado junio, llegó ese mes y, con la polémica ya amainada, el PP no quiso agitar ese avispero.
Vox, que ve en las lenguas una asignatura troncal, no quiso esperar. En junio, antes de la ruptura de la coalición de gobierno, presentó una proposición de ley para poner modificar la ley de patrimonio cultural y eliminar el catalán y el aragonés, que habían entrado en la norma tras la enmienda de CHA. El asunto lo impulsó la formación derechista sin un acuerdo previo con su socio de gobierno, que montó en cólera. El PP llegó a contactar con la dirección de Vox en Madrid, dado que la proposición de ley iba más allá de lo recogido en el pacto de gobierno. Era un momento en que el bipartito pasaba por sus peores momentos: había habido una fuerte tensión a propósito de la grabación del entonces vicepresidente Nolasco y por la decisión de Azcón de aceptar menores inmigrantes en Aragón, cuestión que al final fue detonante de la ruptura.
“Esperamos contar con el apoyo del PP y el PAR, como ejercicio de coherencia con sus programas electorales y con lo expresado en plenos recientes en las Cortes”, dice el diputado de Vox, David Arranz sobre la tramitación de esta ley. Los populares son hoy reacios a respaldar esta iniciativa, que será rechazada por toda la izquierda. No obstante, el curso político dará comienzo en septiembre con la incógnita de cómo articulará el PP su nueva relación con Vox, ya en la oposición, pero que sigue siendo determinante en la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Azcón. ¿Estarán las lenguas en la mesa de negociación?
