Source: Crònica legislativa d’Aragó. Primer semestre de 2024 | Revista de Llengua i Dret
El text recull les qüestions relacionades amb la proposició de llei de reforma de la Llei 3/1999, del patrimoni cultural aragonès, sense que existeixi cap tipus de jurisprudència.
Source: Vox fracasa en su intento de eliminar el catalán y el aragonés como lenguas propias
Tras la ruptura con sus socios, el PP se desmarca de la proposición de ley para suprimir su reconocimiento oficial pese a llevarlo en su programa electoral. Solo el PAR vota a favor.
![fotografo: Oliver Duch [[[PREVISIONES HA]]] tema: Pleno de las Cortes](https://www.lafranja.net/wp-content/uploads/2024/09/fotografo-oliver-duch-previsiones-ha-tema-pleno-de-las-cortes-5.webp)
El grupo de Vox en las Cortes de Aragón ha fracasado en su intento de eliminar el reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias. A pesar de que el PP lo llevaba en su programa electoral y que anunció un proyecto de ley a principios de año, los conservadores se han alineado con la oposición para hacer fracasar la proposición de ley de sus socios de coalición hasta hace dos meses. Solo ha obtenido el apoyo del parlamentario del PAR.
El texto se registró el pasado mes de junio, sin el acuerdo de los conservadores, con el objetivo de modificar un solo artículo de la Ley de Patrimonio Cultural, el cuarto, con el fin de eliminar el reconocimiento del que gozan ambas lenguas. Volverían así a la polémica denominación de 2013, la que aprobó el Ejecutivo PP-PAR de Luisa Fernanda Rudi.
La iniciativa es la misma que el Gobierno PP-Vox anunció a principios de año, cuando adelantó que sacaría adelante un proyecto de ley con la intención de aprobarlo en las Cortes antes del verano. Como no se cumplía, Vox decidió actuar en solitario ante la inacción de sus socios a mediados de junio, cuatro semanas antes de romper la coalición de la DGA por la acogida de inmigrantes.
El parlamentario de Vox David Arranz ha considerado “decepcionante” la postura adoptada por sus exsocios y ha negado tajantemente, peso al discurso del PP, de que promoviera la proposición de ley sin antes hablarlo tras afearle que lo llevaba en su programa electoral, al igual que el PAR.
Ha negado que el objetivo sea ir en contra de las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón porque defienden “mantener vivo el patrimonio aragonés”. Así, ha aclarado que su objetivo es rechazar la “imposición” del catalán y que se utilice como “caballo de Troya”. “Es un ariete de colonización de los separatistas en su ensoñación de los países catalanes”, ha aseverado sin dejar de criticar la “lengua de laboratorio” que, a su juicio es la “fabla, el aragonés normalizado”.
Tras concluir el debate y la votación, el portavoz ha señalado a los periodistas que la actitud del PP suponía una “estafa” porque la eliminación del reconocimiento del aragonés y del catalán como lenguas propias formaba parte del pacto de gobierno ya roto. “Lo que ha pasado es increíble, han estafado a sus votantes”, ha insistido antes de tildar a los diputados de “estafadores”.
El único respaldo ha venido de la mano del aragonesista Alberto Izquierdo, que lo ha justificado con el argumento de que comparten el fondo. No obstante, ha reprochado que la extrema derecha presentara públicamente la iniciativa el mismo día que se celebraba la Diada en Cataluña. “La mejor manera de apagar un fuego no es ir con un bidón de gasolina”, ha añadido.
El interés estaba puesto en el sentido del voto del PP, que ya había adelantado que no compartía la oportunidad de la proposición de ley. Y esta ha sido la tesis mantenida por la diputada Ana Marín para alinearse con el bloque de la izquierda y Teruel Existe para tumbarla, hasta el punto de censurar a los exsocios que utilicen las lenguas “como elemento de confrontación”. “No beneficia a nadie”, ha dicho, asegurando que están “orgullosos” de las modalidades lingüísticas de Aragón.
Marín ha advertido a la extrema derecha que no les van a “marcar los tiempos” a la hora de cumplir sus compromisos y les ha censurado por tramitar la iniciativa en pleno enfrentamiento por el cupo catalán, En esta línea, ha añadido que la prioridad del PP es defender los intereses de los aragoneses “en asuntos de mayor peso político”.
El diputado y número dos del PSOE-Aragón, Darío Villagrasa, ha censurado que Vox no supo construir nada en su año de gobierno y ahora su primera iniciativa pretenda “destruir” parte del patrimonio cultural aragonés. La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras ha criticado especialmente a Vox por buscar la “desaparición del aragonés” al negar hasta su nombre, mientras su homóloga de Teruel Existe, Pilar Buj, ha lamentado que se olviden de los problemas reales de la gente para “fragmentar la sociedad”. Por último, Álvaro Sanz (IU) ha aludido a que el anticatalanismo “nubla la razón” a los diputados de Vox.
Rolde de Estudios Aragoneses, junto a otras entidades culturales, ha solicitado al Gobierno de Aragón la declaración del aragonés y el catalán de Aragón como Bien de Interés Cultural, pidiendo igualmente paralizar cualquier actuación que rebaje su protección: Hemos solicitado protección especial para nuestras lenguas propias
Source: El PP enfría la supresión del aragonés y el catalán
El PP sostiene que la cuestión de las lenguas no suscita “un conflicto” social
Un mes después de la ruptura con Vox, el Gobierno del PP empieza a definir su estrategia y los temas que va a configurar su agenda política en los próximos meses. Y, de momento, está enfriando sus planes de suprimir el reconocimiento oficial del aragonés y el catalán como lenguas propias. El Ejecutivo de Azcón no ve prioritaria la modificación de la normativa según diversas fuentes, que su antiguo socio (y del que depende en último término la estabilidad parlamentaria del Gobierno) quiere llevar a las Cortes en cuanto llegue septiembre.
Fuentes del Ejecutivo asumieron que en este momento “no es una prioridad para el Gobierno porque no es una prioridad para los aragoneses”. En este sentido, el PP considera que en este momento “no hay un conflicto social con este asunto” que les lleve a acelerar sus planes de suprimir el catalán y el aragonés como lenguas propias, cuestión recogida en el programa electoral de las últimas autonómicas.
La cuestión lingüística ha estado presente desde que el PP y Vox firmaron su acuerdo de gobierno. En el pacto figura la revisión de la ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, aprobada por el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, “con el objetivo de prevenir cuantas interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”.
Ahí se quedó este asunto hasta que en enero de este año la consejería de Presidencia y Cultura, entonces dirigida por Tomasa Hernández (hoy consejera de Educación), empezó a trabajar en la reforma legal para acabar con el reconocimiento del aragonés y el catalán. La fórmula jurídica en la que se estaba trabajando era la modificación del artículo 4 de la Ley de Patrimonio para eliminar el reconocimiento expreso del catalán y el aragonés. Ese cambio se introdujo en 2016 mediante una enmienda de CHA a los presupuestos de la Comunidad.
El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, se manifestó a favor del cambio normativo y defendió que en Aragón “no se habla catalán”. La consejera Hernández afirmó que no se quería prohibir hablar catalán o aragonés en Aragón, sino suprimir los glotónimos (el nombre con que se conoce a una lengua) de la ley. De este modo, consideraba, se respetaba a los aragoneses de Fraga que consideraban que ellos no hablaban catalán, sino fragatí.
En cuanto trascendieron los planes del Gobierno, se desató la polémica. Y no solo porque CHA, promotor del cambio legislativo de 2016, protestara. Hubo un manifiesto de rechazo de más de 250 profesores universitarios y una manifestación de 300 personas en Mequinenza, que tuvo el respaldo del PSOE. El asunto empezó a calentarse e incluso suscitó la reacción del Gobierno de España. El ministro de Cultura, el catalán Ernest Urtasun, se manifestó en contra de los planes del Gobierno autonómico y anunció que no iba a permitir “una regresión lingüística” en Aragón. El PP ya era consciente de que abrir el melón de las lenguas no iba a ser una cuestión menor y que iba a acaparar la atención de los medios y del debate político. Y, pese a que el cambio normativo era sencillo y que los planes de Tomasa Hernández pasaban por aprobarlo el pasado junio, llegó ese mes y, con la polémica ya amainada, el PP no quiso agitar ese avispero.
Vox, que ve en las lenguas una asignatura troncal, no quiso esperar. En junio, antes de la ruptura de la coalición de gobierno, presentó una proposición de ley para poner modificar la ley de patrimonio cultural y eliminar el catalán y el aragonés, que habían entrado en la norma tras la enmienda de CHA. El asunto lo impulsó la formación derechista sin un acuerdo previo con su socio de gobierno, que montó en cólera. El PP llegó a contactar con la dirección de Vox en Madrid, dado que la proposición de ley iba más allá de lo recogido en el pacto de gobierno. Era un momento en que el bipartito pasaba por sus peores momentos: había habido una fuerte tensión a propósito de la grabación del entonces vicepresidente Nolasco y por la decisión de Azcón de aceptar menores inmigrantes en Aragón, cuestión que al final fue detonante de la ruptura.
“Esperamos contar con el apoyo del PP y el PAR, como ejercicio de coherencia con sus programas electorales y con lo expresado en plenos recientes en las Cortes”, dice el diputado de Vox, David Arranz sobre la tramitación de esta ley. Los populares son hoy reacios a respaldar esta iniciativa, que será rechazada por toda la izquierda. No obstante, el curso político dará comienzo en septiembre con la incógnita de cómo articulará el PP su nueva relación con Vox, ya en la oposición, pero que sigue siendo determinante en la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo de Azcón. ¿Estarán las lenguas en la mesa de negociación?
Source: Una sugerencia oportuna | Opinión | Chaime Marcuello
Concepción Gimeno Gracia, Justicia de Aragón, remitió al Gobierno de nuestro país, con fecha de 18 de junio, una oportuna ‘Sugerencia relativa a actuaciones en materia de política lingüística’.
Respondía de ese modo a una queja previa (6/02/2024) de “varias asociaciones culturales dedicadas a la promoción y defensa de las lenguas propias de Aragón y sus modalidades lingüísticas, por el que manifestaban su preocupación con las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en materia de fomento y protección de los derechos lingüísticos de la ciudadanía aragonesa”. En los antecedentes se puede leer la respuesta literal de la Dirección General de Patrimonio Cultural a solicitud de información. Ahí queda claro el panorama creado por el Gobierno de coalición de PP y Vox en lo que toca a las lenguas de nuestro país, de Aragón.
Como se lee en las consideraciones jurídicas de la sugerencia, “no se habrían previsto partidas presupuestarias específicas dirigidas a la conservación, protección y difusión de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, lo que afectaría a la puesta en marcha políticas públicas orientadas a tales fines”. Circunstancia que está claramente en contra de la legislación vigente y, en el fondo, contra un mínimo de inteligencia y cuidado del legado cultural aragonés.
Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 7, reconoce las lenguas y modalidades lingüísticas propias como elementos fundamentales de nuestro patrimonio histórico y cultural. Este precepto establece que una Ley de las Cortes de Aragón regulará y desarrollará el régimen jurídico de estas lenguas en diversos aspectos. En cumplimiento de esta previsión estatutaria, la Ley 3/2013 incluye una serie de disposiciones que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón debe considerar al formular políticas lingüísticas. El Gobierno de Azcón debe ser el primero en cumplir la legislación vigente.
Por eso, desde el Justiciazgo (responsable de garantizar que las políticas lingüísticas respeten los derechos reconocidos y promovidos por la Ley 3/2013) se lo recuerdan. Toca tomarse en serio este tesoro. Sólo los muy cerriles pueden empeñarse en lo contrario. El camino construido en el gobierno de Lambán por la extinta Dirección General de Política Lingüística puede ser cuestionado, criticado, refutado, pero no se puede negar que se ocupó de cumplir con lo establecido. Mejoró las medidas de protección del patrimonio lingüístico aragonés, dignificó las lenguas propias, su conservación y difusión, su promoción y enseñanza así como la cooperación entre administraciones y entidades. Desmontar lo conseguido sólo cabe en cabezas mezquinas, más preocupadas por derruir que por construir y cuidar. En un asunto como éste, no conduce a buen puerto ni aporta nada al bien común.
Esperemos que desde el Departamento de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón muestren algo de inteligencia y sean capaces de responder antes de un mes a Concepción Gimeno, Justicia de Aragón, y valoren “la posibilidad de hacer uso de las líneas presupuestarias de actuación para los bienes inmateriales del patrimonio cultural, en orden a financiar intervenciones en materia de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, así como que, en coordinación con los Departamentos con competencia en la materia, tenga en cuenta las previsiones recogidas en los diversos preceptos de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, en el ejercicio de sus atribuciones!.
Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza
A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:
Don David Arranz Ballesteros, Portavoz Adjunto del Gruo Parlamentario VOX en Aragón, al amparo de lo establecido en los artículos 178 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición de Ley de reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés: Proposición de Ley de reforma de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley del Patrimonio Cultural Aragonés vio la luz el 10 de marzo de 1999, con un gobierno del Partido Popular a punto de agotar la legislatura, que tenía por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, difusión, promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones futuras del patrimonio cultural aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible para Aragón.
El artículo 4.1 original de la referida ley, fue modificado mediante enmienda presentada para su tramitación parlamentaria en la Ley de Medidas Fiscales y Tributarias aprobada el 28 de enero de 2016, normativa esta, que no guardaba ni congruencia ni homogeneidad alguna con la materia del proyecto legislativo enmendado, haciendo gala de una técnica legislativa más que cuestionable para dar gusto a las exigencias de un socio de gobierno. Concretamente, en su artículo 35 se recogía la modificación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, obteniendo como resultado la siguiente redacción que hoy está en vigor:
El apartado 1 del artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, se modifica en los términos siguientes: “I. El aragonés y el catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”.
Con esta más que reprochable técnica legislativa, tuvieron a bien incluir el “catalán de Aragón” como una lengua y modalidad lingüística propia a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Esto es, se estaba interpretando y redefiniendo el contenido del Estatuto de Autonomía a través de una enmienda a una normativa fiscal. Así mismo, el artículo 5 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, que vino a sustituir la anterior Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, establece las zonas de utilización de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, siendo el Gobierno de Aragón competente para realizar la declaración de los municipios que integran dichas áreas.
Se establece que, además del castellano, lengua utilizada en toda la región, existen en Aragón una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, y otra zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la región, ambas con sus respectivas modalidades lingüísticas.
La política lingüística del Gobierno de Aragón ha sido errática desde su inicio, impuesta sin tener en cuenta la voluntad de los hablantes y la realidad del territorio y con la única voluntad de aplicar un criterio político por encima de la protección del patrimonio de las diferentes variedades dialectales existentes. A la vista están las 2 reformas del Estatuto de Autonomía que han afectado al artículo 7 del Estatuto, al objeto de acomodar las pretensiones de los socios más radicales del Gobierno socialista.
Y los legisladores aragoneses no han sido ajenos a este fenómeno, que cristalizó en la normalización lingüística de las diferentes variedades aragonesas propias en una llamada fabla, que no deja de ser una lengua artificial que se trata de imponer únicamente por motivaciones políticas, aniquilando la verdadera riqueza patrimonial que representan las diferentes modalidades lingüísticas del aragonés pirenaico y oriental.
La ingeniería lingüística que se pretende imponer en Aragón es del mismo sello que la que ha causado la grave fractura de la sociedad catalana, y viendo tan nefastos resultados en la región vecina no entendemos que el gobierno de Aragón siga esa vía, salvo que pretenda lo mismo, una deriva separatista muy peligrosa que con la modificación propuesta en la presente proposición de ley pretendemos evitar.
La imposición de la estandarización en una única lengua construida ex novo al efecto, según aducen, de asegurar la pervivencia de las variedades patrimoniales, supone en la práctica la aniquilación de las auténticas variedades lingüísticas aragonesas que son el verdadero patrimonio cultural que debe protegerse. Esta política tan negativa de estandarización de la lengua con claras motivaciones de construcción política y creación artificial de un hecho diferencial, que tiene por único objeto diferenciar, desunir y establecer barreras a la comunicación, y hiere de muerte la rica diversidad patrimonial que constituyen las verdaderas lenguas aragonesas.
Porque no podemos olvidar, como sí han hecho los diferentes legisladores aragoneses que “los derechos lingüísticos corresponden a los hablantes, no a las lenguas . Y en Aragón asistimos perplejos a la realidad, que no es otra que una legislación a favor de determinadas lenguas y en contra de los hablantes, a quienes tanto en la zona septentrional como en la zona oriental de nuestra región, se les imponen dos lenguas artificiales: la fabla o aragonés normalizado a unos, y el catalán a otros. En el caso de la región catalana, el padre y responsable de la unificación, codificación lingüística y regulación ortográfica del catalán, es Pompeu Fabra, que no era ni filólogo, ni lingüista, ni historiador, sino un ingeniero químico colaboracionista de las ensoñaciones de los países catalanes”.
“Historia del Aragón oriental y su lengua” (2020) Juan José Barragán y Héctor Castro.
A mayor abundamiento, en Aragón intentaron avanzar en esta dirección de politización de la lengua para ponerla al servicio de las pretensiones separatistas de los socios de gobierno más radicales y del separatismo catalán, que nunca han renunciado a sus aspiraciones. Con la aprobación del proyecto de Decreto por el que se pretendía regular el uso de las lenguas propias de Aragón en el ámbito de las administraciones públicas de Aragón, en noviembre de 2021. El citado proyecto de Decreto tuvo por objeto posibilitar que la ciudadanía pudiera utilizar en el ámbito público las lenguas propias de Aragón, actualmente el aragonés “normalizado” y el “catalán de Aragón”.
Se pretendía así abrir la vía a que las Administraciones públicas de Aragón promovieran el conocimiento de las llamadas lenguas propias por todos sus empleados; también que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, las Administraciones locales y las entidades de derecho público vinculadas a ellas, pudieran disponer de personal capacitado en las lenguas y modalidades lingüísticas propias para atender a los ciudadanos que así lo requirieran; y adicionalmente, que el conocimiento de las lenguas propias de Aragón pudiera ser valorado en los procedimientos de selección convocados por las administraciones públicas de Aragón.
Como es sabido, tanto la propia Constitución Española, como la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, establece en su artículo 2.1 que el castellano (español) es la lengua oficial y utilizada en Aragón y todos los aragoneses tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX en Aragón presenta la siguiente PROPOSICIÓN DE LEY:
Artículo único. — Modificación de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. Se modifica el artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, con la siguiente redacción:
Artículo 4. Lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón.
1. Además del español, Aragón cuenta con diversas modalidades lingüísticas propias de la lengua aragonesa histórica, de uso en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma.
2. Constituyen el patrimonio lingüístico aragonés todos los bienes materiales e inmateriales de relevancia lingüística relacionados con la historia y la cultura propias de Aragón.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final única. — Entrada en vigor. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón, En el Palacio de la Aljafería,
17 de junio de 2024
D. David Arranz Ballesteros
Portavoz Adjunto del G.P. Vox en Aragón
Mamen Castillo, Secretaria de Política Lingüística de CHA: “Se están desmantelando, una a una, todas las señas de identidad aragonesa, entre ellas nuestras lenguas. Se están adoptando unas decisiones políticas aberrantes, olvidando, menospreciando y atacando una realidad aragonesa trilingüe”
Nota de prensa. 29 mayo de 2024. CHA denuncia que Vox aprovechó su mitin electoral con motivo las elecciones europeas, celebrado en Zaragoza, para anunciar, públicamente, que están dispuestos a suprimir, modificando la normativa vigente, la denominación del aragonés y el catalán como lenguas de Aragón.
Mamen Castillo, Secretaria de Política Lingüística de CHA: “Nos oponemos, nuevamente, a que se pretenda eliminar el reconocimiento expreso del aragonés y del catalán de Aragón, recogido en la todavía vigente Ley del Patrimonio Cultural Aragonés”.
“Se quiere volver de nuevo unos circunloquios que ya causaron indignación en el mundo científico y en el de los movimientos de defensa de nuestras lenguas: Lengua Aragonesa Propia del Aragón Oriental (LAPAO) y Lengua Aragonesa Propia del Pirineo y Prepirineo (LAPAPYP), vulnerando, por tanto, los derechos lingüísticos de las personas hablantes del aragonés y el catalán, sin tener en cuenta los más esenciales criterios filológicos”, continúa Castillo.
Finalmente, CHA considera es necesario cumplir con lo dispuesto tanto en la legislación vigente aragonesa, manteniendo la redacción actual del artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, como con lo contemplado en la propia Carta Europea de Lenguas Minoritarias, suscrita por el Gobierno de España y ratificada por las Cortes Generales, que nos obliga a dignificar estas lenguas, ahora nuevamente condenadas a perder hasta su propio nombre.
Secretaría de Comunicación de CHA
Source: Profesores e investigadores de la Universidad de Zaragoza se suman a una declaración en defensa del aragonés y el catalán en AragónResponden así a las afirmaciones del presidente Jorge Azcón, que señaló a finales de enero que en Aragón “no se habla catalán”
Zaragoza
Alrededor de 250 investigadores y profesores de la Universidad de Zaragoza han firmado ya una declaración en la que defienden el reconocimiento e interés del catalán en Aragón y de la lengua aragonesa. Lo hacen tras las últimas afirmaciones del presidente Jorge Azcón, en las que señalaba – el pasado 31 de enero – que en Aragón “no se habla catalán”. Este próximo miércoles, día 21 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna.
Esta declaración académica recuerda que el catalán y el aragonés son materias docentes en varios grados de la propia Universidad de Zaragoza, y con investigadores que participan en proyectos financiados a nivel estatal.
En sus estudios, estos expertos analizan su perspectiva lingüística, histórica y social. A esto se suma los Cursos de Verano o las publicaciones de la propia editorial universitaria. Otras monografías y artículos académicos dan cuenta de estos estudios.
Uno de los impulsores de este manifiesto, el sociólogo Natxo Sorolla, remarca que “tanto el catalán como el aragonés forman parte de la docencia de la Universidad de Zaragoza, hay diferentes grupos de investigación y son lenguas que forman parte de la vida cotidiana, como la plataforma de gestión en línea se puede elegir tenerla en catalán o en aragonés”. Son dos lenguas que “no son ajenas a la comunidad académica”.
Recuerda Sorolla que “el conocimiento científico y académico que tenemos sobre estas lenguas las denomina históricamente como ‘catalán’ y ‘aragonés'”. Así, “estas afirmaciones sobre que no existe o no se habla en catalán en Aragón confrontarían con la realidad del mundo académico”.
En esta declaración añaden que negar esta realidad vulnera la Carta Europea de las Lenguas regionales o minoritarias y temen que el Gobierno de Aragón intervenga en la independencia de la Academia Aragonesa de la Lengua.
Cabe recordar que el acuerdo de gobernabilidad PP – Vox, que facilitó que Jorge Azcón fuera proclamado presidente, incluye la revisión de la ley de uso, protección y promoción de las lenguas.
Source: El “retroceso” de las lenguas en Aragón y la “sorpresa” por la revisión de la ley de Rudi
Tampoco es que haya caído como un jarro de agua fría, porque bien conocidos eran los programas electorales y las intenciones de PP y Vox con respecto a las lenguas minoritarias en Aragón, pero las principales asociaciones en pro del aragonés y el catalán de Aragón anticipan que «se avecinan años de retroceso», fruto de una «parálisis» de la aplicación de la Ley de Lenguas, aprobada en el año 2013 durante el mandato de Luisa Fernanda Rudi (PP) junto al PAR, y del olvido institucional que «había logrado que muchos hablantes se deshicieran de la vergüenza de hablar».
El nuevo Gobierno de Aragón suprimirá la Dirección General de Política Lingüística y eliminará las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística. «Es evidente que va a haber un retroceso, de eso no hay duda, pero me preocupa más lo simbólico que el asunto de las ayudas, porque al final las asociaciones podrán autofinanciarse como siempre se ha hecho. Sin embargo, la eliminación de la dirección general, que tenía un presupuesto miserable, es un desastre porque genera la sensación de cara al exterior de que en Aragón no se hablan más lenguas que el castellano», explica Francho Nagore Laín, escritor, profesor universitario y miembro de la Academia Aragonesa de la Lengua.
«No es una sorpresa para nadie. El PP ya había presentado mociones en las Cortes pidiendo la eliminación del Instituto Aragonés del Catalán y de la dirección general», señala Guillén Forcada, presidente del Ligallo de Fablans. «Lo que sí nos sorprende es es revisión de la Ley de Lenguas aprobada por el PP y el PAR. Creemos que quieren paralizar la acción por el aragonés y va a ser el subterfugio que usarán para acabar con el proceso de enseñanza del aragonés en nombre de la libertad de los hablantes, como dicen ellos, sea lo que sea lo que signifique eso», critica Forcada, quien intuye que PP y Vox buscan generar un «caos lingüístico» al echar atrás cualquier intento de normativización y uso común por parte de la Academia Aragonesa de la Lengua.
También lo cree así Ignacio López Susín, el actual responsable de Política Lingüística, llevada por Chunta Aragonesista pero adscrita al Departamento de Educación, Cultura y Deporte que estaba en manos del PSOE. «Hemos trabajado con la perspectiva de llevar la Ley de Lenguas hasta el límite para no reformularla. Si lo hubiéramos hecho, se habría generado un debate muy ácido que en nada tiene que ver a lo que ocurre en la calle», señala López Susín. Cree el director general aún en funciones que en los ocho años de vida de la dirección general los hablantes «se habían quitado las vergüenzas», porque «cuando una lengua se institucionaliza, el estigma se quita».
Durante estos años, la dirección general había suscrito acuerdos con ocho comarcas, con entidades locales, lanzó la cátedra Ferrández D’Heredia con la Universidad de Zaragoza e impulsó premios como Agora x l’aragonés, entregado durante el festival de cine de Espiello, y decenas de publicaciones. Para ello contaba con una financiación que osciló entre los 330.000 euros de 2020 a los 385.000 de este año –en 2022 ascendió a 626.000 de euros gracias a una partida de casi 300.000 euros que llegó desde el Ministerio de Educación–. «Es curioso que solo vayan a eliminar las ayudas a las asociaciones y no a los ayuntamientos. El de Fayón, donde manda el PP, recibe ayudas en materia de lengua», asegura López Susín.
La academia, amparada precisamente por la Ley de Lenguas de Rudi de 2013 –sustituyó a una norma aprobada en 2009 bastante más ambiciosa que incluía una academia para el aragonés y otra para el catalán de Aragón– se encontraba en pleno proceso de normativización de la lengua. Sin embargo, el cierre del grifo de las subvenciones a las asociaciones no preocupa especialmente a ninguno de los actores principales de las lenguas en Aragón. «Está claro que quieren paralizar la acción del aragonés. Otra cosa es que lo consigan. Llevamos 40 años con esto, 32 de ellos sin dirección general, y seguiremos haciendo y trabajando. Si somos el problema, seguiremos siendo un grano en el culo», asevera el presidente del Ligallo de Fablans.
El pasado 14 de abril el Consejo Consultivo emitió dictamen no vinculante desfavorable al Proyecto de Decreto por el que se regula el uso de las lenguas propias de Aragón ante las administraciones públicas y establece los municipios en los que pueden ser utilizadas.
Tras un largo trámite con multitud de informes de diversos servicios de la administración de la Comunidad Autónoma y algunas alegaciones que han sido tenidos en cuenta (Justicia de Aragón, Universidad de Zaragoza, CC.OO., Partido Popular y diversas direcciones generales del Gobierno de Aragón) en las sucesivas versiones del Proyecto de Decreto (cuya versión definitiva se puede leer aquí TEXTO DECRETO POST CONSULTIVO ver def), se procedió a su remisión al Consejo Consultivo de Aragón para su dictamen (CSV CJO CONSULTIVO Dictamen 89-2023)preceptivo, pero NO VINCULANTE.
Algunas cuestiones de especial relevancia sobre las que el Dictamen se pronuncia, son rebatidas en la Memoria (CSV MEMORIA FINAL ver 2) final de esta Dirección general:
1.- DENOMINACIÓN DE LAS LENGUAS
El parágrafo 45 se refiere a la denominación otorgada a las lenguas propias de Aragón por la Ley 3/2013 y llega a decir que esta ley “no emplea propiamente los términos de «aragonés» y «catalán de Aragón» que asume el proyecto de decreto”.
A este respecto es de gran importancia dejar sentado desde este momento, que existe un evidente error de derecho en el Dictamen, como ahora explicaremos.
Con posterioridad a la Ley 3/2013, se promulgó la Ley 2/2016, 28 enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 3 febrero), cuyo artículo 35 modificó sustancialmente el artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo del Patrimonio Cultural Aragonés, quedando redactado de la siguiente manera:
La interpretación de esta reforma la hizo el Tribunal Constitucional en su STC 56/2016, de 17 de marzo (BOE, núm. 97, de 22 de abril de 2016), cuando en su Fundamento Jurídico 3º dice:
Esta reforma legal, aunque no modifica expresamente los preceptos impugnados en este proceso constitucional, incide directamente en la cuestión que ahora se examina, pues, al establecer que el aragonés y el catalán de Aragón son las lenguas y modalidades lingüísticas propias a las que se refiere la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, determina la pérdida de vigencia de la denominación en su día adoptada…
Es decir, no es el que el proyecto de decreto “asuma” una determinada denominación, es que se trata de la denominación.
2.- DECLARACIÓN DE LAS ZONAS DE USO
Los parágrafos 46 a 50, están destinados a demostrar que los expedientes de declaración de las zonas de utilización histórica predominante del aragonés y el catalán de Aragón no deberían haberse incorporado a este expediente por haber caducado ya que no llegaron al final de su tramitación.
Esta apreciación subjetiva del Dictamen (no aporta ningún razonamiento para basar la afirmación de que no llegaron al final de su tramitación) se fundamenta en un evidente error de derecho.
Argumenta el Dictamen que la legislación de procedimiento administrativo no permite utilizar trámites de un proyecto normativo caducado en un proyecto nuevo que se esté tramitando, sin desnaturalizar el objeto de dicho proyecto.
No aporta el Dictamen cuál es esa “legislación de procedimiento administrativo” para que pueda ser analizada en este Informe.
Sin embargo, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo con base en la cual se puede afirmar que los referidos procedimientos nunca han caducado.
Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2012, o la de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Sección 5ª, de 3 de diciembre de 2015 que “rechaza igualmente la alegación de caducidad, institución que reputa inaplicable a los procedimientos de elaboración de disposiciones generales”, y sobre todo la de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S de 26 de Julio de 2013, en cuyo Fundamento Jurídico Sexto, cita otras sentencias con la misma argumentación:
Fundamento Jurídico Sexto
[…] No obstante, llegados a este punto, resulta conveniente recordar que la figura de la caducidad del procedimiento administrativo (artículos 43.4 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en su versión original, o artículo 44.2 tras su reforma por Ley 4/1999, de 13 de enero) viene referida a los procedimientos de producción de actos o resoluciones administrativas, no a los de aprobación de disposiciones de carácter general -pueden verse en este sentido las sentencias de esta Sala de 13 de octubre de 2011 (casación 3214/2008) y 17 de noviembre de 2010 (casación 1473/2006)-.
Con esto entendemos que está dicho todo sobre esta cuestión, por tanto no existe caducidad.
3.- CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOS
Abordamos a continuación la cuestión referida a la capacitación de los trabajadores públicos que se encuentra en los parágrafos 51 a 53 del Dictamen.
Efectivamente, nos encontramos ante una cuestión que viene determinada por lo ya expuesto en cuanto a la previsión del artículo 7.2 del Estatuto de Autonomía de Aragón que establece que una Ley favorecerá, en las zonas de utilización predominante, el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las Administraciones públicas aragonesas.
Esa ley (la 3/2013) se limita a decir (art. 16) que “se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a expresarse de forma oral y escrita, además de en castellano, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, en sus respectivas zonas de utilización predominante, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley”, lo que hay que poner en relación con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (instrumento legal que forma parte del derecho interno español y, según la doctrina, del bloque de constitucionalidad y que, además STC 56/2016 declaró expresamente que protege a las lenguas propias de Aragón), que, en su artículo 10.4b) prevé la necesidad de “el reclutamiento y, en su caso, la formación de funcionarios y otros empleados públicos en número suficiente”.
Esta previsión es lógica porque es la única manera de poder cumplir los mandatos legales. Cuando un ciudadano o ciudadana se dirija a su administración local, para ejercer el derecho que le asiste, deberá poder hacerlo ante un funcionario que conozca la lengua del lugar. En otro caso se trataría de unos preceptos vacíos e imposibles de cumplir, lo que afectaría a derechos individuales. Esta cuestión está expresamente vetada por el artículo 3 de la Ley 3/2013:
Por otra parte, la legislación básica del Estado ya prevé la existencia de méritos o aptitudes por razón del puesto a desempeñar.
Así, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en cuyo artículo 17 b) se dice:
Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
En el mismo sentido se expresa el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado:
De hecho, en los procedimientos de concurso-oposición y en los de traslados es frecuente aportar méritos, tales como cursos de formación de las más diversas materias y, por supuesto, conocimiento de idiomas.
Una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo y elaborada por esta Dirección General la Memoria final e incorporadas al borrador las sugerencias admitidas, el expediente del proyecto de Decreto quedó terminado con fecha 17 de abril de 2023, quedando pendiente exclusivamente de su aprobación por el Consejo de Gobierno.
PP i VOX conformaran lo Govern d'Aragó i faran la nova política lingüística. Lo PP va presentar el programa més secessionista: no és català. VOX, contradiccions a banda, és més partidari d'esborrar la diversitat lingüística a Aragó: lo català no existeix.
— Natxo Sorolla (@natxosorolla) June 1, 2023
Lo PP per 1a vegada ha fet un programa secessionista: "RECHAZAREMOS LA IMPOSICIÓN DE UN CATALÁN O UN ARAGONÉS NORMALIZADO que los aragoneses no reconocen como propios. Omitiremos el término 'CATALÁN'" (Algú va recopilar programes https://t.co/PcyTI1OnCw
) pic.twitter.com/mJdHYQGnlw
— Natxo Sorolla (@natxosorolla) June 1, 2023
Què passarà? L'Acadèmia és la "institución científica oficial" per llei PP-PAR. I els seus Estatuts (2018) preveuen l'autoregulació, una vegada nombrats los seus membres. Per tant, és previsible que PP-VOX fotran lo debat en primer pla mediàtic :-(https://t.co/9WUXMPa3Ll
— Natxo Sorolla (@natxosorolla) June 1, 2023
Si el PAR estiguera al joc possiblement s'obriria la via secessionista: existeix, però no és català. A llarg termini potser seria l'opció menys roïna. Perquè si VOX i PP es posen d'acord en esborrar la Llei… tornar-la a discutir d'aquí 4-8 anys en Corts. Bfff!
— Natxo Sorolla (@natxosorolla) June 1, 2023
Source: Las señales entre Torrevelilla y La Cañada recuperan los nombres de sus pueblos en catalán
De acuerdo con los trabajadores de carreteras, DGA les dio instrucciones para limpiar los carteles el jueves. La denominación catalana cumple con la Ley de Creación de la Comarca del Bajo Aragón de 2002
Las señales del nuevo tramo de la A-1409, que fueron vandalizadas con pintura negra para tapar las denominaciones en catalán de los pueblos bajoaragoneses, han sido limpiadas por los trabajadores de carreteras del Gobierno de Aragón, quienes recibieron las instrucciones este jueves, según han contado a La COMARCA. Los conductores pueden volver a leer tanto ‘La Cañada de Verich’ como ‘La Canyada de Beric’, y lo mismo con ‘Belmonte de San José’ y ‘Bellmunt de Mesquí’. En total, se habían dañado seis carteles, todos los que incluían nombres catalanes.
El acto vandálico se produjo en el tramo de vía entre Torrevelilla y La Cañada de Verich, inaugurado el pasado mes de febrero. Las obras, que tuvieron un plazo de ejecución de 12 meses, supusieron una inversión de 3,4 millones de euros, una de las más altas realizadas en 2022 dentro de la Dirección General de Carreteras. La principal mejora fue el ensanche de la carretera hasta los 7 metros. Por otro lado, se mejoró el radio de muchas de las curvas y se logró una reducción del 10% del tramo original de unos 6 km. La obra también incluyó la mejora de tres intersecciones, dos para el acceso a Belmonte de San José y una de conexión con la TE-53 de acceso a La Cerollera.
La carretera autonómica se rotuló en castellano y catalán atendiendo a la denominación de los municipios que aparecen en la Ley de Creación de la Comarca del Bajo Aragón, aprobada hace más de 20 años, en 2002.
Para ahorraros un suplicio de charla os lo resumo a continuación:
"Esto es #España y aquí se habla #español"
De nada pic.twitter.com/hwljPOMhA2
— Tor – El Economista Furioso (@ElEconomistaFu1) March 12, 2023
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