La Franja

En Aragón, como en todas partes, se hablan muchas lenguas. Cientos de ellas han llegado con los recientes flujos migratorios planetarios, pero hay tres que cuentan con una acreditada presencia de siglos sobre el territorio. Curiosamente, la última de de estas tres en llegar fue el castellano, que a lo largo del siglo XV fue sustituyendo en cada vez más esferas públicas y privadas a las otras dos. El área de lengua catalana se extiende como una “franja” a lo largo de toda la frontera con Cataluña y ha experimentado escasos cambios territoriales en los últimos siglos, mientras que la zona de habla aragonesa ha sufrido un progresivo repliegue hacia los valles pirenaicos, donde a duras penas ha sobrevivido dispersa en dialectos relativamente distantes.

Ambas lenguas siguen muy vivas y son habladas todavía hoy por varias decenas de miles de personas. Por eso hablamos de un Aragón trilingüe, que es una evidencia empírica, observable y científicamente constatada. Sin embargo, dicho plurilingüismo suele generar controversia e incluso hostilidad entre una parte importante del sistema político y mediático de Aragón, que perciben aquella realidad trilingüe como una complejidad innecesaria e incómoda.

El aragonés hubo de recorrer un largo camino para ser reconocido como lengua propia. Incluso la Universidad de Zaragoza tardó una eternidad, pues tendía a considerarlo un dialecto del castellano. Lo mismo que se hacía durante el franquismo con las demás lenguas peninsulares, etiquetadas sistemáticamente como dialectos, pues se daba por supuesto que, si España era una y grande, su lengua también. Este modo de pensar ha quedado profundamente inscrito en el sistema político español, donde, más que como una riqueza, las lenguas se han tendido a ver como un desafío al Estado y una amenaza al bien común.

Contra Cataluña todo vale y los partidos aragoneses lo saben. Y algunos no dudan en abusar del estereotipo, lo cual convierte en poco sexi el defender el catalán en Aragón

En el caso del catalán, las reticencias no hace falta explicarlas. Toda identidad colectiva implica distinguirse de otros, y las élites aragonesas han promovido una identidad por exclusión hacia Cataluña, comunidad con la que históricamente han predominado los roces y reproches mutuos. Además, las pulsiones centrífugas de parte del cuerpo político catalán han alimentado un sentimiento de agravio fácilmente instrumentalizable para reagrupar fuerzas dentro de la región. Contra Cataluña todo vale y los partidos aragoneses lo saben. Y algunos no dudan en abusar del estereotipo, lo cual convierte en poco sexi el defender el catalán en Aragón, a pesar de ser una lengua propia desde hace siglos.

En este contexto, ¿cómo puede afectar al reconocimiento de derechos de las minorías los resultados de las elecciones aragonesas del 8 de febrero, en particular a los hablantes de lenguas diferentes al castellano? Las elecciones han evidenciado la erosión de los dos grandes partidos centrales (dinásticos), algo más del PSOE que del PP, así como un protagonismo creciente de partidos políticos hasta hace poco marginales, especialmente de Vox, por la derecha, y de la CHA, por la izquierda. Entre Vox y el PP han sumado el 60% de los escaños de las Cortes de Aragón, lo cual se ha interpretado como un desplazamiento a la derecha del cuerpo electoral. Tal cosa no debería suponer una gran novedad, pues la cámara aragonesa ha acabado en manos de formaciones políticas conservadoras en seis de las diez legislaturas.

El fortalecimiento de un partido ultra como Vox, que propone medidas contra la inmigración, contra las políticas europeas e incluso contra la división territorial del estado, todo ello en un marco de recuperación sin complejos del legado franquista, parecería abrir las puertas a cambios sustanciales en los grandes consensos sociales y políticos. No en vano, en la anterior legislatura, Vox condicionó la investidura de Jorge Azcón (PP) a la adopción de una serie de medidas de alto contenido simbólico, consistentes en eliminar, reducir o dejar sin presupuesto las políticas dedicadas a combatir la violencia de género, a recuperar la memoria democrática, a promover cooperación internacional, a cumplir con objetivos de la Agenda 2030 o al reconocimiento y promoción del pluralismo lingüístico de la región.

Se trata, en general, de políticas relativamente marginales en el funcionamiento de la Comunidad Autónoma, con una financiación casi ridícula, pero que juegan un excelente papel propagandístico para las fuerzas de ultraderecha. Unas fuerzas que, de momento, parece que no han venido tanto a gobernar, legislar o gestionar, sino a plantear lo que los expertos en comunicación política denominan una “guerra cultural”.

El tratamiento de la cuestión lingüística desde este prisma puede adoptar varias modalidades. Desde simplemente negar su existencia, hasta aceptarlas, pero evitando reconocerlas como parte de sistemas lingüísticos estructurados. O disgregarlas y ridiculizarlas convirtiéndolas en pasto de folklore museístico. Y, en cualquier caso, negar siempre la posibilidad de que la administración pública tenga que adaptarse a dicha realidad. Es decir, alejar cualquier posibilidad de cooficialidad.

El problema es que para llegar a estas “soluciones” no hace falta que venga Vox, pues es lo que buena parte del sistema político aragonés ha estado haciendo durante décadas. Ya desde la redacción del primer Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982, se hizo caso omiso del artículo 3 de la Constitución Española, que establecía que las lenguas propias diferentes del castellano debían considerarse cooficiales en los respectivos territorios. Nada de ello sucedió en Aragón.

El PAR y el PP, en sus pasadas cinco legislaturas solos o combinados, escenificaron todo tipo de subterfugios para diluir la cuestión lingüística, llegando incluso a aprobar normativas que permitían a cada ayuntamiento decidir su propia lengua, por no hablar del clamoroso estrambote del LAPAO y el LAPAPYP, un sainete instado por el PAR durante una legislatura gobernada por el PP, que al darse cuenta del ridículo reculó disimulando. Queda por ver de qué serán capaces en esta nueva legislatura, pero es difícil imaginar que Vox pueda aportar gran cosa a aquellos despropósitos. En este caso, su guerra cultural parece ganada por goleada sin bajar del autocar.

Tradicionalmente, la izquierda ha sido más sensible a las lenguas propias de Aragón. Tanto CHA como IU han hecho bandera del Aragón trilingüe. En el caso de CHA, parte de su base social se encuentra entre los movimientos de defensa del aragonés. Podemos y sus confluencias lo han sido más tímidamente. Y el PSOE ha solido plantear una cierta defensa del catalán y del aragonés, con mucha precaución, temeroso de la ira de la opinión pública (mejor “publicada”) y a menudo a regañadientes de buena parte de sus líderes y de las bases del partido, aunque hay que reconocer que los escasos avances legislativos se han producido durante sus mandatos.

En definitiva, tras las elecciones del 8 de febrero, a pesar de la irrupción de la ultraderecha, no parece que vaya a haber demasiadas novedades para el pluralismo lingüístico aragonés. Tras casi cinco décadas de democracia, el sistema político aragonés se seguirá resistiendo a asumir la complejidad de su propia sociedad. Todo parece indicar que las nuevas derechas quizá no sean tan diferentes de las que ya teníamos. ¿A ver si va a resultar que no son tan nuevas?