El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha remitido este viernes una nueva carta a su homólogo catalán, Artur Mas, para recordarle de nuevo su obligación de devolver los bienes del Aragón oriental que descansan en territorio catalán.
En esta nueva misiva, Lambán ha instado al presidente catalán a acatar las ocho sentencias del Tribunal Supremo, y tilda el desarrollo de los acontecimientos de “afrenta a la dignidad y el respeto que merece el pueblo aragonés por parte de la Generalitat de Cataluña”.
En la carta, el socialista señala que los bienes religiosos que se reclaman desde esta comunidad son fruto de sentencias “firmes e irrebatibles”, tanto eclesiásticas como civiles.
Este escrito del presidente aragonés es la respuesta a otra que le remitió Mas el pasado 8 de septiembre en la que éste aseguraba que las sentencias sobre los bienes en litigio no eran firmes y que fueron adquiridos “de forma legal y motivada por la voluntad de proteger el patrimonio cultural en situación de peligro”.
Este intercambio de misivas ha sido consecuencia de una primera carta que envió Lambán al presidente catalán ante la polémica generada por las declaraciones del conseller de justicia, Germa Gordó, sobre la posibilidad de extender la nacionalidad catalana a los aragoneses que hablan esta lengua en la zona oriental de la comunidad.
Al respecto, Lambán señala que los nacionalismos “identitarios se traducen con frecuencia en demandas como la de su consejero de justicia van más allá de los propios territorios y acaban generando conflictos de consecuencias imprevisibles”.
En esta segunda carta, Lambán lamenta que el presidente Mas: “siga sin desautorizar a su consejero, lo cual da más fundamento a nuestro rechazo más absoluto a esa falta de respeto a Aragón, a esa actitud que no es digna de la sociedad a la que representa y que lo descalifica como demócrata”.
Tras señalar que Aragón no “es menos que Cataluña”, el presidente aragonés destaca que la propiedad de los bienes “no está en discusión” y están “en depósito, nada más y nada menos, y han de ser devueltos a su legítimo propietario como la Iglesia ha ordenado”, por lo que le insta a actuar conforme a derecho.
En este sentido, le reitera que hay ocho sentencias que obligan a la devolución de los bienes y que en el caso de los procedente del Monasterio de Sijena “está siendo obstaculizada por su gobierno “mediante un infundado conflicto de jurisdicción”.
“Tales bienes fueron expoliados, atentando gravemente contra la indivisibilidad de un bien del patrimonio nacional, durante la Guerra Civil”, como lo fueron los documentos de la Generalitat cuya devolución las instituciones catalanas obtuvieron.
Lambán remarca que todas las sentencias que se han conocido sobre la titularidad de estos bienes, canónicas y civiles, “han reconocido la propiedad” del obispado de Barbastro-Monzón y “la nulidad de la compraventa” realizada por la Generalitat a la comunidad de monjas titular del monasterio.
“Aragón -añade- no está dispuesto a seguir tolerando que el Obispado de Lérida incumpla las sentencias, algo que en nuestra opinión justifica la intervención del Papa mediante las acciones penales más contundentes que pueda ejercer” y tampoco a “permanecer impasible” ante el cumplimiento del Concordato por parte del Vaticano.
Lambán advierte de que Aragón considera “inadmisibles las intromisiones de hecho y de derecho de la Generalitat y otras instituciones catalanas” en este litigio y manifiesta que sus incumplimientos han convertido a los bienes en “símbolo de afrenta a la dignidad” del pueblo aragonés.
“Dignidad y respeto que seguiremos considerando afrentada hasta que los bienes no estén definitivamente ubicados en el Museo Diocesano de Barbastro-Monzón, en las manos de las parroquias aragonesas, sus legítimas propietarias”, concluye la carta.
