Al ser preguntados por este medio, alcaldes y presidentes bajoaragoneses coindicen en criticar las palabras del conseller catalán al igual que el jefe del ejecutivo, Javier lambán, quien ayer envió una dura carta a su homólogo catalán, Artur Mas, en la que le pidió que rectique las «desdichadas, equivocadas e injuriosas» declaraciones de su conseller. El único que se sale del discurso es el presidente del Bajo Aragón Caspe y alcalde de Fabara, Francisco Domenech (PSOE), para quien las palabras de Gordó «no son ofensivas» puesto que las entiende cómo una «muestra de respeto» y no cómo un «insulto ni una forma de anexión». «Nos ofrecen la doble nacionalidad, algo que ahora mismo también podemos tener con otros países y nadie se lleva las manos a la cabeza», comenta Domenech al mismo tiempo que bromea con que sería de forma «gratuita». El fabarol destaca que, en su opinión, lo que sí es un «desprecio» es la Ley de Lenguas aprobada en la anterior legislatura. «Lo de ahora no es más que una muestra de afecto», afirma. No piensa lo mismo el alcalde del pueblo vecino de Maella, Jesús Zenón Gil (PP), quien califica la propuesta como «una risa». Comenta que las palabras del conseller son un «despropósito» y que los aragoneses están «tranquilos porque saben perfectamente qué es lo que son».
En la misma línea se muestran en el Matarraña. El primer edil de Valderrobres, el popular Carlos Boné, recuerda que las elecciones del 27-S son autonómicas y no unas plebiscitarias sobre la independencia. «¿Es que ahora las nacionalidades se ofrecen? Estoy cansado del término ‘Franja’, quieren coger un trozo de Aragón tan solo porque según ellos se habla catalán», reflexiona Boné, quien pide que la Generalitat se dedique a otros asuntos menos «surrealistas». Asimismo, destaca que en el Matarraña nadie discute que son «aragoneses y españoles» y que si alguien quiere ser catalán, tan solo tiene que marcharse a vivir a Arnes (Tarragona). «Están lanzando polémicas para crear una cortina de humo. ¿Cómo valoran ellos su nación si nos están mendigando a los aragoneses ser catalanes?». Por su parte, la alcaldesa de Valjunquera y diputada provincial, Susana Traver (PSOE), asegura que en su opinión antes de lanzar este tipo de declaraciones deberían preguntar su opinión a unos y otros. «Aquí estamos muy bien siendo aragoneses», opina.
A su vez, en la comarca del Bajo Aragón, la alcaldesa de La Codoñera, afirma que en su pueblo «tienen muy claro que son españoles y aragoneses». Por su parte, el primer edil de La Cañada de Verich, José Manuel Insa, incide en que los catalanes están en una situación de «huida hacia adelante» en la que solo saben «ofender» para salir en los medios de comunicación. «Cualquier día nos reclamarán la jota», comenta entre risas, al mismo tiempo que deja claro que el término «franja» es otra «invención más». Por su parte, el presidente comarcal, Manuel Ponz, califica de «insulto» y una falta de respeto el ofrecimiento. Para el socialista, Cataluña «ya ha machado y despreciado» suficientemente a Aragón como en su negativa a devolver los bienes religiosos de la zona oriental de Aragón. «Es otra falta de respeto más a las que nos tienen acostumbrados los dirigentes políticos catalanes, no sus ciudadanos. Nos tomamos estas ocurrencias a risa», afirma la vicepresidenta, Ana Belén Andreu.

Dura carta de Lambán
Desde el Gobierno de Aragón, las reacciones tampoco se hicieron esperar. El presidente, Javier Lambán, envió una carta a su homólogo catalán, Artur Mas, en la que le hizo saber que las palabras del conseller «han causado un profundo malestar tanto en el Gobierno como entre los ciudadanos, que nos sentimos unánimemente españoles y aragoneses». «Es una falta de respeto intolerable; de una opinión torpe e irresponsable que, además de infringir la normativa legal básica, juega con la dignidad de una comunidad y con los sentimientos de sus gentes con una prepotencia identitaria de resonancias históricas muy inquietantes». El presidente iguala esta última iniciativa al mismo «desprecio a Aragón» demostrado por la Generalitat en el incumplimiento de las sentencias relativas a la devolución de los bienes de la zona oriental, y lamenta que no tengan en cuenta que reteniendo unos objetos expoliados «se ponen moralmente a la altura de un régimen al que ellos mismos condenaron en su día por haber hecho eso mismo con Cataluña». Asimismo, recordó que la «mal denominada franja» forma parte de Aragón sin ninguna clase de duda y sin reticencia alguna por parte de quienes viven en ella. Añadió contundente que esta «no forma parte de la nación catalana y mucho menos de los países catalanes, que nunca han existido. Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia solo han compartido un marco institucional común: el de la Corona de Aragón, cuyos reyes eran coronados, por cierto, en la Seo de Zaragoza». En la carta también muestra la preocupación del ejecutivo sobre la cuestión política suscitada por Cataluña y su interés en mantener la relación de «hermandad» derivada de una historia compartida y de muchos intereses económicos y culturales comunes. En ese sentido, se muestra dispuesto a hacer todo lo posible para favorecer el diálogo como única fórmula capaz de reencauzar la relación entre Cataluña y el resto de España, «cuyos destinos consideramos indisociables por interés de ambos». No obstante, reconoce que Cataluña plantea algunas reivindicaciones «cargadas de razón», de la misma forma que Aragón tiene problemas que requieren cambios en el sistema de financiación o en la arquitectura institucional del país. Por ello, plantea acordar «un nuevo marco de convivencia aceptable para todos». Por su parte, la la portavoz adjunta del grupo parlamentario Popular, Marián Orós, manifestó que su partido no «consentirá que se insulte a los aragoneses desde la soberbia, delirio y prepotencia.
En la misma línea se mostró el presidente valenciano, Ximo Puig, quien calificó las declaraciones de «insensatas, inoportunas y muy irresponsables» y que «no ayudan a lo que debe ser el gran objetivo: el diálogo. Los independentistas y el gobierno de Rajoy se retroalimentan en una especie de ruleta rusa a la que están abocando a la sociedad española». En su opinión, la «la vía» a seguir debe ser «bien diferente» y consiste en “buscar una fórmula de encaje de Catalunya en España y de que el debate territorial tenga una salida federal a través de una Constitución que dé respuesta a dos elementos fundamentales: uno es la singularidad de las comunidades autónomas y al mismo tiempo el otro, la igualdad entre los españoles».