López Susín llama al consenso para revertir la situación del aragonés
EFE 24/11/2015
El director general de Política Lingüística, José Ignacio López Susín, ha apelado al consenso para revertir la mala situación de las lenguas minoritarias de Aragón, especialmente del aragonés, que es “un terrón de azúcar que se deshace en nuestras manos”.
Ha opinado además que una nueva ley debería llegar “trabajada” al parlamento para contar con el máximo acuerdo posible.
López Susín ha comparecido hoy en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar los objetivos de la legislatura a petición de Ciudadanos, cuya portavoz, Susana Gaspar, ha remarcado que la ley de lenguas actual “nació viciada” porque el debate se “enfangó” en las denominaciones y eso ha frenado su protección.
Gaspar ha subrayado que a Ciudadanos no le gustan los acrónimos que se utilizaron tras aprobarse la ley impulsada por el PP y el PAR para denominar a las lenguas de Aragón -Lapao y Lapapyp-, y ha hecho hincapié en que con independencia de sus denominaciones, las administraciones son las responsables de implementarlas y los políticos no pueden restringir su uso pero tampoco imponerlo.
En su intervención, López Susín ha lamentado la polémica que generan las lenguas cuando los hablantes las viven de una manera “mucho más natural”, y ha subrayado que las instituciones les han dedicado escasa atención y en algunos casos le han dado la espalda “negando la evidencia” sobre la lengua hablada en la zona oriental, reconocida desde el ámbito científico como parte del catalán, y la hablada en el norte, conocida desde la Edad Media como aragonés, cuya situación hace necesarias medidas urgentes y prudentes, dándole prestigio social y evitando imposiciones.
Ha advertido, además, de que las inversiones ejecutadas en los últimos años se cifran en un céntimo por habitante al año mientras que, excluyendo Aragón, la comunidad que menos invierte es Asturias y destina un euro, “cien veces más”, teniendo en cuenta que el asturiano tampoco es oficial.
Asimismo, ha comparado algunas cifras de docentes: 7 maestros de aragonés para Infantil y Primaria para unos 580 alumnos y 27 de catalán para 2.390 estudiantes de esos ciclos y 7 para 929 de Secundaria, mientras que en Asturias hay 300 profesores para 20.000 niños.
Ante esta situación, ha avanzado que la dirección general prevé impulsar un paquete de medidas sin apenas coste económico, entre ellas conseguir una norma que obtenga el mayor respaldo posible para la dignificación y salvaguarda de las lenguas minoritarias y sus variedades locales.
También, y recogidas en la ley vigente y pendientes de su desarrollo, fomentar su uso progresivo por las administraciones implicadas; coordinar las medidas de política lingüística que implementen los entes locales, favorecer la creación de autoridades lingüísticas y garantizar el aprendizaje voluntario del aragonés y el catalán, respetando las variedades locales, en todos los niveles educativos.
En ese aspecto, ha destacado que se están elaborando los currículos de Primaria y Secundaria de aragonés y catalán y ha avanzado que próximamente saldrá a información pública la orden que establecerá las acreditaciones transitorias del profesorado hasta que en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza haya una titulación de aragonés.
También se ha referido al convenio firmado con la UZ para implementar la variedad local del aragonés como lengua vehicular en Infantil y Primaria para las familias que lo deseen en los centros con docentes que la conozcan, un proyecto que ha causado cierta polémica y que en las poblaciones es “muy apreciado”.
En el turno de los grupos, María José Ferrando, del PP, ha rechazado la creación de la propia Dirección General que dirige López Susín, el “peaje” que ha pagado el PSOE a CHA por apoyar la investidura del presidente, Javier Lambán.
En su opinión, más allá de que haya o no una nueva ley de lenguas, el nombramiento de López Susín, un destacado militante de CHA, es “un grave riesgo para el verdadero patrimonio lingüístico aragonés”, dado que ese partido identifica el aragonés con la fabla, una “neolengua hecha a retazos” que en Aragón “no habla absolutamente nadie”, salvo destacados miembros de Chunta Aragonesista.
María Herrero, del PAR, ha cuestionado los ámbitos científicos que consideran catalán la lengua que se habla en la zona oriental, cuya denominación está haciendo que pague “el pato” la lengua que se habla en el norte de la Comunidad, que está “en peligro de extinción”.
Además, ha advertido de que es muy difícil alcanzar un consenso más allá del logrado en el Estatuto de Autonomía, que en el artículo 7 dedica dos párrafos a las lenguas con palabras “muy medidas” sin denominarlas, al tiempo que ha insistido en que la ley actual nació “muerta” por falta de acuerdo cuando es “sumamente respetuosa” al permitir que cada cual pueda denominarlas como quiera.
Amparo Bella, de Podemos, ha rechazado el uso político de las lenguas y los debates que persiguen dividir a la sociedad, ha llamado a superar los conflictos y a garantizar más derechos para los hablantes con medidas realistas que cuestan poco dinero y son fáciles de implantar y ha reclamado un modelo de lenguas “fiel” a todas las variedades.
Gregorio Briz, de CHA, ha opinado que es el momento de dejar de utilizar el aragonés y el catalán como “arma arrojadiza” y de recuperar con acuerdos “estables” un patrimonio que se está perdiendo por la “desidia y la confrontación”, mientras que Alfredo Sancho, del PSOE, ha aludido al “ridículo” nacional e internacional que ha supuesto la actual ley de lenguas del gobierno PP-PAR y ha defendido impulsar una normativa para dignificar, proteger y difundir el aragonés y el catalán y sus modalidades.
