El estudio informativo de la A-68 se publicará en mayo tras 4 años

El Bajo Aragón no se acaba de acostumbrar a que sus reivindicaciones queden a la cola en la lista de prioridades del ministerio de Fomento. Por eso, siempre ha tomado con la máxima de las cautelas los anuncios y sobre todo las promesas que llegan desde Madrid. La última de ellas, la publicación, en un plazo máximo de un mes, de la salida a información pública del estudio informativo del tramo de la A-68 entre El Burgo de Ebro y las Ventas de Valdealgorfa. Se trata de un trámite administrativo más, pero viene a traducirse en que Fomento es consciente del nivel de hartazgo de los bajoaragoneses, ansiosos por contar con unas infraestructuras dignas del siglo XXI. El compromiso de la ministra Ana Pastor se produjo el lunes ante una sala llena de empresarios aragoneses.

El estudio informativo de la A-68 (2009) está atascado desde 2011 en el Ministerio de Medio Ambiente, que se encarga de analizar las afecciones medioambientales. En ese sentido, la mayoría de las alegaciones se mostraban contrarias a que la futura autovía atravesara las zonas de regadío al Norte de la ciudad de Alcañiz. Así, el documento que saldrá a información pública prevé desplazar la nueva autovía unos 400 metros.

Una vez que esas modificaciones en el estudio informativo hayan sido publicadas en el BOE, el siguiente objetivo de Fomento será establecer un cronograma definitivo. Cabe destacar que para este año, el Ministerio presupuestó 10.000 euros para el proyecto, y no se prevé programación plurianual. Aunque eso puede cambiar cuando se elaboren las cuentas de 2014. Pero para poder ejecutar la obra, de unos 90 kilómetros, serían necesarios al menos 460 millones de euros. Ya que este proyecto está incluido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, el compromiso de Madrid es haber acabado la obra desde El Burgo hasta Vinaròs en un plazo de 11 años.

Según fuentes cercanas a la ministra, el objetivo del nuevo estudio informativo es conseguir que las modificaciones al trazado puedan superar sin ningún tipo de problema la posterior Declaración de Impacto Ambiental. De lo contrario, sería una traba enorme que podría volver a retrasar el proyecto varios años.

«Zaragoza debe involucrarse»

Aunque las principales reivindicaciones llegan desde el Bajo Aragón, el apoyo de Zaragoza a esta infraestructura, esencial para conectar la capital aragonesa con el mar Mediterráneo, se antoja decisivo para lograr acelerar los plazos. Así lo entiende Miguel Omella, miembro de la Junta Local de Carreteras y Ferrocarriles de Alcañiz. «Zaragoza debería ser la máxima interesada, porque la crisis está afectando mucho a su sector hotelero, y podrían beneficiarse de las sinergias de Motorland». Sin embargo, cree que la sociedad de la capital se ha «olvidado» del Bajo Aragón, y opta por viajar al Pirineo. Para trasladarse hasta la costa, señala Omella, toma la autopista de pago. Respecto al anuncio de la ministra, no le dio ninguna credibilidad. «Si son incapaces de terminar los 14 kilómetros de la N-232, no podemos creernos que vayan a avanzar en este otro proyecto».

Por su parte, el alcañizano José Vicente Lop, presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Aragón, valoró que sí se cuenta con «todo el apoyo del sector zaragozano», pero el principal problema es que «no hay dinero». Lop explica que, debido a su cargo, mantiene un contacto fluido con los gobiernos autonómico y nacional. «Siempre dicen ‘que sí, que sí’, pero luego no se hace nada».

A su juicio, solicitar la autovía hasta la localidad costera de Vinaròs es una «utopía». Entiende que de las grandes infraestructuras pendientes, la más urgente es el acondicionamiento de la N-232 entre Ráfales y el límite provincial. Fácilmente, podría ahorrar diez minutos. El siguiente paso debería ser acometer las variantes previstas aún no ejecutadas: Quinto, Azaila e Híjar. A continuación, ejecutar la A-68 hasta las Ventas. Eso se conllevaría una rápida conexión con Zaragoza en poco más de tres cuartos de hora. Y por último, extender la autovía hasta el mar.

Carlos Mor, presidente de CEOE Teruel, volvió a reivindicar la ejecución de la obra para revitalizar el tejido empresarial del Bajo Aragón, además de vertebrar las comunicaciones entre Cantabria y el mar Mediterráneo.

Plan de carreteras de la DGA

Entretanto, la DGA ha propuesto aumentar hasta los 1.485 millones de euros la inversión prevista en el Plan General de Carreteras 2013-2024. No es la única novedad respecto al documento que presentó en verano. Se quiere apostar por potenciar la construcción de variantes en aquellas poblaciones donde las travesías presenten problemas de seguridad. Para ese capítulo se destinarán 7 millones de euros. Se beneficiarán Albalate del Arzobispo, Valderrobres y Caspe. Asimismo, se acondicionará la A-226 entre Mirambel y el límite provincial (5,7 millones). Se invertirán 34,2 millones para reforzar el firme de las carreteras autonómicas que conducen a Albalate, Híjar, Calanda, Alcorisa, Caspe, Valdealgorfa, Andorra, Cantavieja y Mas de las Matas.

Paralelamente, la DGA deberá pagar al menos 15 millones de euros para rescindir el Plan Red, sin que se haya arreglado ni un solo kilómetro de carretera. El principal problema han sido las dificultades de las ocho empresas concesionarias para encontrar financiación con la que ejecutar los trabajos. El 82% de las actuaciones previstas se han incluido en el nuevo Plan de Carreteras.

 


Las obras en Monroyo, al 10%, a la espera de que se cambie el proyecto

La carretera N-232, un trazado del siglo XIX, se mantiene a la espera de que por fin se retomen las obras de acondicionamiento detenidas en julio de 2010. Durante todo este tiempo, el Ministerio de Fomento y la empresa constructora han estado involucrados en una negociación, que aún no se ha cerrado, para retomar las obras. Concretamente, los técnicos del Ministerio trabajan con los de la compañía Rover Alcisa para introducir modificaciones en el proyecto constructivos: la supresión del túnel de Monroyo, la obra más ambiciosa y complicada de todo el trazado.

Esa solución, que rebajaría el coste del proyecto en unos 4,5 millones de euros, fue propuesta por Rover Alcisa, entre otras opciones. Aunque en un principio fue rechazada por el Ministerio, los alcaldes de Monroyo (Óscar Arrufat), La Cerollera (Antonio Arrufat) y el diputado Vicente Guillén, los tres del PSOE, dieron su visto bueno a los cambios ante el anterior secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán.

El diputado popular Santiago Lanzuela aseguró que se está trabajando en ese aspecto para resolver el problema administrativo «cuanto antes». Por su parte, Antonio Arrufat, senador del PSOE, señaló que hace aproximadamente un mes registró varias preguntas en la mesa de la Cámara Alta. «Pero aún no hemos recibido contestación». Además, criticó que el principal problema es la falta de inversión. «Quieren cubrir el déficit sin gastar; y así nunca avanzará la obra».

De hecho, a lo largo de estos tres años que el 10% de la obra ejecutada ha permanecido abandonada. Tan sólo se ha llevado a cabo un par de actuaciones. Una de ellas ha sido la instalación de guardarraíles en el tramo que se hundió en 2010 en el kilómetro 90, entre Monroyo y Torre de Arcas. En cuanto al actual trazado, sólo se ha extendido una capa de asfalto en las zonas más bacheadas.

Tira y afloja

El abandono de las obras y la retirada de las máquinas se produjo cuando la empresa constructora, Rover Alcisa planteó un modificado del proyecto por un importe superior al 20% de los trabajos (adjudicados por 47 millones de euros). Se trataba del segundo modificado que solicitaba. Pero el Fomento, entonces dirigido por José Blanco, rechazó ese cambio presupuestario. Cabe destacar que parte de las obras de la N-232 en la zona castellonense fueron ejecutadas por Rover Alcisa, sin que se haya registrado ningún tipo de problema.

Las obras de la N-232 cuentan con un presupuesto de 677.000 euros para este año 2013. En este caso, sí se ha previsto una programación plurianual, que no obstante, se revisa cada año. Concretamente, se prevé invertir 5,79 millones en 2014; 35,34 millones en 2015 y 27,16 millones en 2016. Cantidades que, de mantenerse, servirían de una vez por todas para dar el impulso que la infraestructura necesita.

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