La letrada mayor, Vega Estella, saluda al presidente de las Cortes, en una imagen de archivo.. OLIVER DUCH
NATALIA ASÍN. Zaragoza
El informe de correcciones técnicas del proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad -elaborado por un letrado de las Cortes- que plantea dudas sobre la inconstitucionalidad de la norma no ha acabado de convencer a los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, PSOE y PAR, que han decidido solicitar a la letrada mayor de las Cortes otro dictamen sobre el primero. Todos los partidos respaldaron la iniciativa. Mientras, la tramitación continúa y hoy se aprobará en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Y el próximo jueves -si no hay sopresas en el ‘contrainforme’ que estará acabado la próxima semana- se ratificará en el pleno.
El pasado miércoles, la ponencia de esta ley debatió en su última sesión el informe de correciones técnicas que acompaña siempre a las normas de nueva creación (48 recomendaciones a una ley de 40 artículos de las que solo se aprobaron 13). En él, el letrado cuestionaba su constitucionalidad porque duda de que se puedan declarar proyectos como Gran Scala -impulsado por promotores privados- “de utilidad pública e interés social” para poder expropiar terrenos. El texto permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los suelos.
Pero también plantea inseguridades jurídicas, especialmente, por la normativa de juego singular que van a tener este tipo de proyectos frente a la del resto del territorio o la indefinición de la figura del consorcio.
Discrepancias
Sin embargo, tanto los socialistas como los aragonesistas consideran que no se argumentan estas dudas constitucionales. “Tengo información jurídica que no comparte este critierio y yo no voy a apoyar nada que tenga dudas de constitucionalidad”, aseguró el portavoz del PSOE, Jesús Miguel Franco. Con este argumento justificó la petición de ese otro dictamen, para tener “si cabe, mayor seguridad porque no queremos votar nada que sea difícil de entender por todo el mundo”.
En el mismo sentido, el portavoz del PAR, Javier Allué, que dijo no compartir las consideraciones del jurista, explicó que se va a solicitar a la letrada mayor ese informe que clarifique estas cuestiones “para que no quede ningún grupo parlamentario con la duda”. Y criticó que el jurista materielice sus dudas en un párrafo “sin ninguna argumentación jurídica más”. Además, se preguntó si crear 3.000 puestos de trabajo -como prevé el proyecto de Gran Scala- “no es de interés social”.
Tanto Franco como Allué plantearon esta solicitud en la Junta de Portavoces de las Cortes, que duró varias horas y que, además del próximo pleno, tuvo como asunto estrella el informe del letrado de las Cortes sobre la ley de Gran Scala. Los términos en los que se fue desarrollando el debate llegaron a plantear el ‘contrainforme’ como un aval o un veto al anterior. Es decir, si el letrado asumía sus consideraciones como personales o contaba con el respaldo de todos los servicios jurídicos de la Cámara. Ahora le toca a la letrada mayor de las Cortes, Vega Estella, respaldar los argumentos de su compañero o discrepar de ellos y alinearse con las tesis de PSOE y PAR que consideran que esta ley no es inconstucional.
Una situación parecida ocurrió hace unos años con la Ley del Pirineo, también en las Cortes. El letrado mayor entonces elaboró un informe demoledor contra la norma y el Gobierno de Aragón se vio obligado a retirarla. En la legislatura siguiente, este fue sustituido por Vega Estella.
No obstante, hay que tener en cuenta que el informe de correcciones no es vinculante si no que su asunción responde a un criterio político. Según explicaron fuentes consultadas, este tipo de dictámenes se elaboran para todas las leyes pero no siempre se incluyen las sugerencias. En la ley de Gran Scala, por ejemplo, solo se recogieron 13 de las cuestiones y todas ellas hacían referencia a aspectos formales. Los preceptos de mayor enjundia fueron todos rechazados. En total, la ponencia dijo sí solo a 13 de los 48 puntos que incluye el informe jurídico.
N. A. M. Zaragoza
Las reacciones de la oposición no se hicieron esperar tras salir a la luz el informe de correcciones técnicas -elaborado por un letrado de las Cortes- que pone en duda la constitucionalidad de la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, que hoy se aprobará en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, tras una tramitación meteórica (apenas una semana de ponencia). El PP anunció que no apoyará los artículos controvertidos, CHA dijo que se plantea llevar la ley al Defensor del Pueblo e IU busca apoyos para recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
El PP, que nunca ha mostrado un rechazo frontal a esta ley y a este proyecto, anunció que no votará ningún artículo de los cuestionados. “No apoyaremos los puntos que no garanticen la seguridad jurídica o la constitucionalidad”, argumentó. No obstante, sí dijo que avalará aquellos en los que se han aceptado sus enmiendas, entre ellos, otorgar mayor peso en el consorcio a los ayuntamientos afectados por el proyecto.
Precisamente, los populares han presentado enmiendas a uno de los artículos controvertidos, que el letrado de las Cortes considera que puede ser inconstitucional. En concreto, el que permite declara proyectos como Gran Scala “de utilidad pública o interés social”. Sin embargo, la propuesta del PP no hace referencia a este párrafo sino al anterior, en el que se exige a los promotores presentar copias notariales de las escrituras de adquisición de la propiedad de los terrenos. Los populares piden su supresión.
El diputado de CHA Chesús Yuste anunció que su partido estudia acudir al Defensor del Pueblo una vez que se apruebe la ley. Yuste aclaró las cuatro vías para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional a una norma autonómica: el respaldo de 50 diputados del Congreso, de 50 senadores, el presidente del Gobierno de España o el Defensor del Pueblo. Ante las dificultades para materializar las tres primeras vías, Yuste razonó que la única posibilidad que queda es “iniciar un proceso ante el Defensor del Pueblo”.
En cualquier caso, opinó que el informe es “clarificador” porque “pone el dedo en la llaga de las contradicciones de esta ley con el resto del ordenamiento jurídico aragonés”. Y recordó que la enmienda a la totalidad presentada por su formación se fundamentaba en la vulneración de varios principios constitucionales.
Por su parte, el portavoz de IU, Adolfo Barrena, denunció que este informe se haya publicitado, porque -dijo- “es un documento interno de trabajo” y recordó que no es vinculante. “Los diputados tenemos capacidad para decidir si estamos de acuerdo en algunas cosas o no”, concretó. No obstante, sí reconoció que el dictamen “coincide” con las críticas de su formación. Además, explicó que se están buscando apoyos para poder llevar la ley al Tribunal Constitucional. “Estamos iniciando contactos en Madrid con oficinas públicas y con diputados y senadores, pero hasta que no se apruebe la ley…”, apostilló Barrena.