Ribagorza (huesca)
El presidente y la gerente de la comarca, ante el juez
Están acusados de leer los correos de una trabajadora que fue expedientada.
18/11/2009 M. F. G.
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El presidente de la Ribagorza, José Franch, y la gerente de la entidad, Maite Bardají, se enfrentan mañana a un juicio en el Juzgado de lo Penal de Huesca en el que se les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, a los dos, y de prevaricación, solo al máximo dirigente, por la denuncia de una antigua trabajadora de la institución que les acusa de abrirle un expediente disciplinario por unos correos electrónicos enviados en horario laboral. La empleada, que ya no se encuentra en la comarca, mantiene que estos responsables abrieron sus emails, algo que la abogada de estos niega.
La comarca abrió un expediente a la trabajadora D. L., agente de desarrollo, en el 2005, al considerar que el rendimiento de esta era bajo. Según explicó la letrada de la defensa, Cristina Ruiz Gálvez, “en una baja se accedió al ordenador de la empleada, que era de uso común, y se comprobó que había una importante cantidad de correos que estaba intercambiando y con los que estaba perdiendo el tiempo”. La abogada aseguró que en ningún caso se leyó esta correspondencia, aunque el secretario de la comarca informó en su momento de que sí se había hecho y de que esta actuación podría ser constitutiva de delito.
SOBRESEIMIENTO
Tanto el fiscal como la defensa piden el sobreseimiento del caso, pero la trabajadora insistió en que el control de estos correos constituye un atentado contra su intimidad y recordó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que las empresas no tienen derecho a revisar los ordenadores de los trabajadores para ver qué es lo que hacen en su jornada laboral si previamente no les han advertido sobre estas medidas. D. L. señaló que, aunque el despido no se había llegado a hacer efectivo, sus empleadores fueron reduciendo su trabajo progresivamente, lo que le provocó una depresión que desembocó en una baja laboral. Su contrato, según indicó, concluyó en este periodo, en septiembre del 2006, sin ser renovado después.
La abogada, sin embargo, reiteró que basará su defensa en la necesidad de la comarca de utilizar el ordenador para hacer frente a las tareas de la trabajadora, que no podía ejercer sus funciones en el momento de los hechos, y en que los acusados no llegaron a leer los correos, sino únicamente a comprobar su existencia. Por otra parte, manifestó que las relaciones entre el secretario de la comarca y el presidente no eran buenas, lo que habría propiciado la acusación.
La trabajadora ya ganó otro juicio en el Juzgado de lo Social en el que pedía que se dejara sin efecto una sanción impuesta por la comarca en la que se le acusaba de desobediencia por no acudir a una reunión en la que debía haber dado explicaciones sobre este tema, ya que la jueza consideró que esta desobediencia no se había producido. Es por esta situación por la que el presidente de la institución está acusado también de prevaricación.
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