ALEJANDRO E. ORÚS. Zaragoza
La futura ley de lenguas, que en principio será sometida a votación en las Cortes el próximo jueves 17, incluirá finalmente la creación de una academia para el aragonés y otra para el catalán. El PSOE y CHA optaron por esta fórmula rechazada tanto por el PP como por el PAR (que proponía una única academia con dos secciones o estructuras distintas para cada lengua) e IU (que prefería una academia del aragonés y atender las directrices de la academia ya constituida en Cataluña exclusivamente como autoridad lingüística).
Tras los acuerdos alcanzados en la ponencia sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios, solo el PSOE y CHA decían ayer sentirse satisfechos. Todos los demás, PP, PAR e IU, se mostraban contrariados, aunque por motivos muy distintos, con el resultado de los trabajos en los que se han analizado un total de 258 enmiendas.
Al PSOE no le cabe ninguna duda de que la ley tendrá el respaldo suficiente para salir adelante. Terminará así un capítulo inédito: el impulso de una ley de forma unilateral por uno de los socios del Gobierno -en este caso el mayoritario, el PSOE- que ha colocado al PAR en una difícil situación.
El diputado socialista Carlos Álvarez destacó que se han admitido 139 enmiendas y que se ha hecho un esfuerzo de consenso general. Con todo, los trabajos, a falta de una última sesión prevista para mañana en la que se perfilarán cuestiones de tipo técnico y jurídico, han sido complicados. El PSOE considera que las sesiones han sido “muy intensas” pero se han salvaguardado los principios de su proposición: el ‘no’ a la cooficialidad, la voluntariedad y la territorialidad.
Un “despropósito”
Desde el PP, Miguel Navarro destacó que si el texto de la proposición era “desmesurado”, el que va a salir de la fase de ponencia es un “despopósito”. Navarro consideró que se va a abrir un conflicto social y que la norma va a servir para alentar reivindicaciones desde posiciones pancatalanistas. El diputado popular dijo que la gran mayoría de los hablantes no reconocen su lengua como catalán y que hay estudios de la Universidad de Zaragoza que así lo demuestran.
También con el fondo de la denominación como catalán, la diputada del PAR María Herrero lamentó que la ponencia “no haya sido capaz de reflejar el sentir del pueblo aragonés” y señaló que a su juicio esta norma “fractura a la sociedad”. La diputada y secretaria primera de la Mesa de las Cortes no se atrevió ayer a descartar que esta ley acabe teniendo consecuencias en la coalición de Gobierno. Herrero consideró que el problema fue la propia presentación de la proposición por el PSOE. “Nosotros lo hemos aceptado y espero que ellos también sepan aceptar y respetar nuestra posición”, dijo. Herrero fue contundente al destacar que los aragonesistas se sienten más alejados con el texto tras pasar por la ponencia que con el que fue presentado por su socio de Gobierno como proposición de ley.
Para Chesús Bernal, de CHA, el texto es “un punto de partida importante” aunque advirtió que “no es nuestra ley”. Bernal añadió que aunque no se reconoce el término “cooficialidad”, que era una de las demandas de su grupo, sí que se admite la utilización de ambas lenguas en la relación entre los ciudadanos y la Administración en los territorios donde se hablen. El portavoz nacionalista destacó además que la enseñanza de la lengua formará parte del currículum en esas zonas.
Adolfo Barrena (IU), dijo que ha sido “una oportunidad perdida” y que va a ser una ley “timorata” que no garantiza los derechos que su grupo demandaba desde el principio. Barrena cree que la ley va a ser, de hecho, un retroceso respecto a lo que ya se aprobó en 1997 y que debería haber incluido la cooficilidad y alguna fórmula de obligatoriedad en su enseñanza.
La ley de lenguas prevé una academia para el aragonés y otra para el catalán | Heraldo.es.