Nada pareció tambalearse, pero la política aragonesa se puso ayer patas arriba por un momento. CHA se convirtió en socio del PSOE justo en el instante que coincidió con el debate y votación de la nueva ley de lenguas en las Cortes. La aprobación ayer de esta ley puede calificarse como hito en uno de los asuntos más polémicos que han marcado la reciente historia de Aragón, el de la cuestión lingüística.
La proposición de ley presentada por el PSOE consiguió salir adelante gracias al apoyo de los cuatro diputados de CHA, que sumados a los 30 socialistas, alcanzaron justo la mayoría absoluta. Tanto el PP como el PAR rechazaron la ley en su mayor parte mientras que IU consideró que es un retroceso respecto a lo que había.
La expectación en las Cortes ante la votación de la ley, que se ha tramitado en un tiempo récord, imprimió en el aire el aroma de las grandes citas parlamentarias. La presencia del presidente Marcelino Iglesias, del vicepresidente José Ángel Biel, la amplia representación de medios de comunicación y una tribuna de invitados repleta (hubo que colocar incluso sillas para la ocasión), así lo confirmaban. Entre los asistentes al debate y votación final de la ley destacaban el ex consejero socialista de Cultura José Bada, el viceconsejero de Cultura, Juan José Vázquez además de varios dirigentes de CHA y muchos alcaldes, presidentes comarcales y representantes de las zonas aragonesas directamente afectadas por esta norma.
Brecha en la coalición
Pero la ley de lenguas no solo supone la materialización de una vieja demanda de un sector social y político de la Comunidad, sino que en su lectura más puramente política, abre una brecha muy significativa en la coalición que viene gobernando Aragón desde 1999, la que forman PSOE y PAR.
De hecho, la diputada aragonesista María Herrero se mostró en la tribuna muy dura con la iniciativa socialista. Como si se tratara de una infidelidad conyugal, Herrero se dirigó al PSOE calificando a Chunta como su “nuevo y coyuntural socio lingüístico”.
La tesis principal de los socialistas es que esta ley se limita a reflejar una realidad aragonesa que se ha prolongado durante los últimos 25 años. Para ello, han preferido omitir el término “cooficialidad” y han defendido en todo momento la territorialidad y la voluntariedad de la norma. El diputado Carlos Álvarez destacó el esfuerzo de consenso que había presidido los trabajos de la ponencia encargada de la proposición de ley, como lo demuestra que se absorbieran 145 de las 258 enmiendas presentadas.
Los socialistas señalaron que “nuestro único límite era la confrontación”. Álvarez centró buena parte de su intervención en criticar la postura del PP, en especial por la ineficacia que supone, a su juicio, hacer pivotar la ley no en dos lenguas sino en todo el conjunto de modalidades lingüísticas existentes en la Comunidad.
Todos los diputados populares lucieron durante la jornada una pegatina en la que se leía “No a la imposición del catalán”, eslogan de su campaña en contra de esta ley. La secretaria general del partido y también diputada, Rosa Plantagenet, hizo entrega en la Cámara al presidente Iglesias de una copia del documento de la DGA en el que consta el registro de las más de 43.000 firmas que han recabado en esta campaña.
El parlamentario Miguel Navarro sugirió que la ley podría tener un periodo de vigencia escaso en función del resultado de las próximas elecciones autonómicas en 2011, un punto que recordó las recientes declaraciones del líder del PAR y vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, en el sentido de que, si un día puede, cambiará esta ley. Navarro expuso el alto coste y los problemas que a su juicio puede acarrear la aplicación de esta norma, entre otras la indefinición que supone hablar de “zonas de utilización histórica predominante” de una lengua.
A pesar de dejar claro en todo momento que no se trata de la ley que hubiera hecho CHA, el portavoz de este grupo pareció el más satisfecho con el resultado de las modificaciones llevadas a cabo sobre la ley en la tramitación parlamentaria. Chesús Bernal, a pesar de lamentar que al PSOE le salga “un sarpullido” con el término cooficialidad, reiteró que el texto aprobado es un “punto de partida”, además de un “acto de justicia” que llega “con décadas de retraso”. Bernal empleó posteriormente el aragonés, el catalán y el castellano en su intervención en la explicación de voto.
La denominación como catalán
Con un tono algo menos grandilocuente que el de Bernal, pero empleando numerosas citas (desde el rey Pedro IV a Antonio Beltrán pasando por Jerónimo Borao), a María Herrero le tocó mostrar la cara tal vez más amarga de la sesión. La denominación de “catalán” fue el punto insalvable. Con ello el PAR no solo perdía una votación sino, sobre todo, un socio de gobierno. Aunque fuera coyunturalmente, como se encargó de precisar la diputada aragonesista. “Nuestra satisfacción es inversamente proporcional a la de Chunta”, dijo Herrero en una clara explicación de lo sucedido.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, insitió en que esta ley supone un retroceso al dictamen aprobado en 1997 por cuatro grupos parlamentarios. Barrena se quejó, por ejemplo, de que mientras el inglés o el francés son asignaturas obligatorias, el aragonés o el catalán no lo van a ser según esta ley. El parlamentario de IU destacó que la norma deja demasiadas cosas a la voluntariedad, a la interpretación, y negó la máxima defendida por el PP: “No se impone nada”. “Estén tranquilos, la plaza del Pilar nunca será la de la Moreneta”, añadió Barrena.
En la votación de ayer se recuperó la disposición derogatoria que había sido eliminada en la comisión de Educación y que afecta a la ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés así como a otras disposiciones de igual o inferior rango en lo que se oponían a la ley y que suponían, de hecho, una puerta abierta a poder establecer la cooficialidad más adelante.
El PSOE aprueba su ley de lenguas con el apoyo de CHA y el rechazo del PAR | Heraldo.es.