La opinión de María Herrero
Una ley de Lenguas catalanista
Quienes miren el Atlas Lingüístico Etnológico de Aragón, Navarra y Rioja (1991) y el Estudio Sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón que realizó la Universidad de Zaragoza en 1995 verán que, de todos los hablantes de la zona oriental encuestados, la inmensa mayoría dicen que hablan sus modalidades lingüísticas, no catalán.
Por otro lado, en 1372 Pedro IV escribió en una carta real: “que ha de entregar a l seu procurador el llibre Suma de las Historias traduit al aragonés, […] y per ultim que li envie el llibre que li va a deixar el Rey de Franca para ferlo aixi mateix traduit a l’aragonés”. ¿A qué lengua se refería en este texto el rey de la Corona de Aragón, cuando decía “el aragonés”? A lo que la nueva ley de lenguas aprobada en las Cortes de Aragón llama “catalán”.
En Cataluña están encantados con esta Ley. Si se hubiera dado la situación inversa – una lengua oficial en Aragón, que también se hablara en Cataluña–, ¿piensan que el Parlamento de Cataluña la habría llamado aragonés? Quienes tengan dudas pueden repasar conflictos como los Bienes, el Archivo de la Corona o su apropiación de la Corona catalana aragonesa. Y no me crean anticatalanista. Sólo soy aragonesista.
Jerónimo Borao, uno de los grandes escritores del romanticismo aragonés, ya sostuvo que el Reino y la Corona de Aragón tuvieron como lengua de cancillería el aragonés procedente del lemosí, la lengua procedente del borgoñés y el latín vulgar que usaron los trovadores provenzales. ¿Por qué, entonces, esta nueva Ley de Lenguas consagra el catalán en lugar, por ejemplo, de reconocer el aragonés oriental y sus modalidades lingüísticas? Porque el catalanismo de los siglos XIX y XX ha conseguido imponer su tesis de que la lengua lemosina original era el catalán y, por tanto, que las lenguas derivadas de ese tronco común son dialectos suyos. Algunos lingüistas e historiadores han hablado de “suplantación histórica”, porque esta interpretación catalanista supone negar que el lemosí es el tronco común del que son hijos el catalán, valenciano, mallorquín y, en nuestro caso, el aragonés oriental – no me olvido del que se habla en la parte occidental del Pirineo –, todos con la misma dignidad.
A esto se refiere, de hecho, Antonio Beltrán en su libro Aragón y los aragoneses cuando, irónicamente, agradece “a los amigos catalanes que hayan conservado y continúen hablando el aragonés de los tiempos medios y a los aragoneses de la franja que permanezcan en sus trece, sin reblar, hablando en aragonés”. A Antonio Beltrán, amante de Aragón, no le habría gustado esta Ley de Lenguas que, siguiendo la estela de la Renaixença y el catalanismo posterior, plantea el catalán como lengua aragonesa y, además, lo convierte en norma lingüística a costa de las modalidades lingüísticas, con las que se identifican sus hablantes de la zona oriental de Aragón.
Duele más todo esto, porque se ampara en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón, un texto que apoyamos todos los partidos, menos Chunta, y que ahora se ha desarrollado gracias a los cuatro votos de este partido. Si no votaron el Estatuto porque el artículo citado les pareció “poco ambicioso” y ahora apoyan esta Ley, tiene que haber sido porque esta es más ambiciosa de lo que era aquel.
Desde luego, nunca cuatro votos cambiaron tanto una Ley. Chunta puede atribuirse más del setenta por cien del nuevo texto legal, lo que el PSOE ha aceptado a cambio de incluir en él la denominación de catalán. A costa, eso sí, de sobrepasar aviesamente el Estatuto, rompiendo el consenso que lo hizo posible.
“Una lengua es un dialecto con un ejército”, dice el aforismo atribuido Max Weinreich, pero del que se han hecho eco otros lingüistas. Por encima de todo, estas palabras ponen de manifiesto que, más que lingüística, la construcción de una lengua es una cuestión de poder. Con esta nueva Ley de Lenguas, Cataluña es más fuerte en Aragón.
Una ley de Lenguas catalanista
– José Ángel Biel.