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8 ComentariosRevés judicial a los intereses aragoneses en el conflicto por los bienes de arte sacro. El juez encargado del contencioso-administrativo que presentó el pasado verano el Gobierno de Aragón contra el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida ha rechazado la solicitud de la DGA para que se tomen medidas cautelares que impidan cualquier traslado de las 112 obras del obispado de Barbastro-Monzón retenidos en Cataluña.
Cabe recordar que el requerimiento se realizó el pasado octubre, tras conocerse que el Consorcio (integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Lérida, la Diputación, la Comarca y el obispado) mantenía sus planes de ceder, sin el permiso de las diócesis ilerdense y barbastrense, una de las obras en litigio para una exposición temporal en Filadelfia (Estados Unidos) que debía celebrarse de febrero a abril de 2010, aunque finalmente se ha pospuesto. Se trata del retablo de San Antonio Abad de Monzón, que el Museo Diocesano pretendía prestar junto con la caja sepulcral de Isabel de Aragón, procedente del monasterio de Sijena y cuya titularidad también está pendiente desde hace más de una década de un fallo judicial, en este caso del Tribunal Constitucional.
La solicitud para que se suspenda cautelarmente “la facultad del Consorcio de ceder estos bienes a terceros, especialmente fuera del territorio nacional”, se instó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital ilerdense, que tramita el recurso interpuesto por el Ejecutivo aragonés contra la negativa del Consorcio a entregar los bienes al obispado de Lérida, que a su vez se había comprometido a devolverlos a su propietario, el obispado de Barbastro-Monzón.
En un auto fechado el 4 de diciembre y al que ha tenido acceso este periódico, el juez desestima la adopción de las medidas provisionales argumentando que los “hipotéticos perjuicios” derivados de un eventual traslado de las obras “en ningún caso serían irreversibles toda vez que, finalizada la exhibición de las obras (…), estas regresarán al terriotiro nacional”. “Viene a decir que, al tratarse de un traslado temporal, no pone en tela de juicio la eficacia de la decisión que su día tome el tribunal”, explicaron desde la DGA. En este sentido, el magistrado añade una consideración cuando menos sorprendente, al afirmar que “presumiblemente y dada la carga de trabajo de este Juzgado”, las piezas estarán de regreso “antes del dictado de la sentencia que resuelva el pleito principal”, por lo que “no habría obstáculo ni dificultad alguna en ejecutar la sentencia”. También alude a que “resultan prevalentes” los intereses del Consorcio, del resto de entidades codemandadas y del Museo de Arte de Filadelfia, así como de sus visitantes.
“Argumentos extravagantes”
Para el Gobierno de Aragón, se trata de “una argumentación poco consistente, bastante parcial y extravagante, porque no se puede fundamentar el derecho de alguien en la rapidez o lentitud de un juzgado”, criticaron.
Tras estudiar el auto, los servicios jurídicos de la DGA trabajan ya en redacción de un recurso, que está previsto presentar en los primeros días de 2010 (el plazo concluye el 11 de enero) ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Desde el Gobierno de Aragón no pudieron aventurar cuánto tiempo durará este proceso, aunque se prevé que sea largo. Incluso, explicaron, podría darse el caso de que hubiera sentencia en Lérida antes de que el TSJC decida sobre el recurso.
El Ejecutivo autonómico insistirá en las mismas razones que ya dio en su día para exigir que se inmovilicen temporalmente las 112 obras en disputa. Es decir, que “el Consorcio no es quien para adoptar decisiones de préstamo sobre estas piezas, cuando además parece que el obispo de Lérida (Joan Piris), que es el depositante, no está conforme, o al menos en apariencia”. Además, recalcan que “el hecho de que la cesión sea para poco o mucho tiempo y que la sentencia tarde más o menos no tiene nada que ver con que el Consorcio pueda disponer de este patrimonio”.
No obstante, las citadas fuentes recordaron que el contencioso abierto en Lérida “es un pleito accesorio, ya que el principal es el planteado en Barbastro” para solicitar el exequátur (reconocimiento de una sentencia dictada en un país extranjero, en este caso del Vaticano). El objetivo del recurso presentado en la capital ilerdense es “empujar al Consorcio a que ponga a disposición del obispo de Lérida los bienes y este los pueda devolver”, puesto que Piris ha alegado la imposibilidad de cumplir los decretos de la Santa Sede por la negativa del órgano que gestiona el Diocesano. El obispado de Barbastro-Monzón decidió no personarse.