El consejero de Presidencia de Gobierno de Aragón, Javier Velasco, ha asegurado que el trasvase de 0,62 hectómetros cúbicos del Ebro a cuatro localidades catalanas, ubicadas en parte fuera de la cuenca, respeta las leyes y directivas y en modo alguno amenaza los derechos e intereses de las generaciones, presentes y futuras, de aragoneses.
Velasco ha comparecido ante el Pleno de las Cortes, a petición de CHA, para informar de su posición sobre este proyecto de trasvase para abastecimiento de agua de boca a las localidades de Forés, Les Piles y Santa Coloma de Queralt (Tarragona) y Montmaneu (Barcelona), para el que la Agencia Catalana del Agua (Generalitat de Catalunya) solicitó autorización al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y sobre el que éste pidió informe al Gobierno de Aragón.
El consejero, en nombre del presidente Marcelino Iglesias, a quien iba dirigida la petición de comparecencia, ha insistido en que el Ejecutivo aragonés sigue estando donde estaba en la cuestión hidráulica y ha emitido un informe favorable al trasvase propuesto “sin talibanismos y apoyado en las leyes y directivas”.
Ha llamado la atención además sobre los condicionantes que incorpora el citado informe, preceptivo ante cualquier propuesta de transferencia de caudales, según establece el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, que entró en vigor en abril de 2007.
El Estatuto de Autonomía, por tanto, es “útil” en tanto en cuanto obliga a contar con la opinión de Aragón ante cualquier propuesta de trasvase del Ebro, por pequeño que sea y en el lugar de la cuenca que sea.
El caso actual se refiere, ha dicho, a un problema “puntual y temporal” que afecta a cuatro poblaciones catalanas cuyo término municipal está en parte dentro de la cuenca del Ebro y que, por tanto, aportan parte del agua de lluvia que reciben y de las escorrentías al río Ebro.
El consejero ha recordado que el informe, aprobado por un Consejo de Gobierno Extraordinario el 15 de enero pasado, incluye premisas que condicionan el “sí”.
Así, ha hecho referencia a las necesarias cautelas jurídicas que hay que adoptar, que se exija la recuperación de los costes ocasionados, que se justifique la necesidad de la obra y se acredite que no hay otras alternativas con menor coste ambiental y económico, o que no suponga merma de la reserva hidráulica de 6.550 hectómetros cúbicos que el Estatuto de Autonomía garantiza para Aragón.
Para el Gobierno de Aragón, ha reconocido Velasco, “no es plato de gusto” este trasvase, pero es necesario hacer un ejercicio de responsabilidad y solidaridad, siempre bajo el soporte del informe preceptivo que debe realizar en estos casos el Ejecutivo autonómico.
La diputada Nieves Ibeas, de CHA, por su parte, ha estimado que la necesidad “temporal” expuesta por la Generalitat para estos cuatro municipios es en realidad “estructural”, al tiempo que ha llamado la atención sobre el “efecto multiplicador” que la autorización del trasvase puede tener en otros territorios.
Ha advertido que el Gobierno aragonés no se está comportando igual que cuando 400.000 aragoneses pedían en la calle el cese del proyecto de trasvase de 1.550 hectómetros cúbicos hacia las Comunidades del Levante.
Ibeas ha recordado que el informe es “preceptivo” y no “vinculante”, por lo que “no hay nada que hacer” y por eso el Gobierno “no se ha metido en el embolado de rechazarlo, porque sabía que dijera lo que dijera se iba a tener que comer el trasvase exactamente igual”.
El diputado popular Eloy Suárez también ha dicho que el Gobierno tenía tomada la decisión de emitir un informe favorable antes incluso de recibir la información previa sobre el trasvase por parte de la Generalitat, porque “sigue a pies juntillas” lo que le piden los presidentes de España y Cataluña, José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla.
Ha lamentado el “ejercicio de demagogia” del Gobierno de Aragón con el agua, ha dudado de que se cumplan los condicionantes expuestos por el Ejecutivo en su informe, que ha calificado de “brindis al sol”, y ha estimado que no se han puesto sobre la mesa las alternativas existentes.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha afirmado por su parte que no se opondrá “nunca” a resolver problemas de abastecimiento de boca, pero siempre con las necesarias cautelas, y por eso ha instado a las Cortes a emitir una resolución que incida en los condicionantes del informe del Gobierno y a dejar “bien claro” que no se trata de una “concesión de caudales”, sino de una “autorización transitoria” para una situación “reversible”.
Finalmente, Javier Allué (PAR) ha defendido los criterios del Gobierno pero ha llamado la atención sobre el ritmo de las obras de regulación en Cataluña en comparación con el ritmo en Aragón y ha recordado que ya hay ocho pequeños trasvases “soterrados” del Ebro que abastecen a un millón y medio de personas que residen fuera de su cuenca.