Source: Cuatro asociaciones entregan al Justicia una queja sobre la situación de las lenguas propias
Esta acción se suma a la reunión mantenida con una delegación del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas que se celebró a mediados de enero en Madrid y la campaña de recogida de firmas a través de Change.org que ya ha superado las 4.000
Rolde de Estudios Aragoneses, Consello d’a Fabla Aragonesa, Institut d’Estudis del Baix Cinca y Associació Cultural del Matarranya, las cuatro asociaciones más veteranas en al ámbito de la promoción y defensa del aragonés y el catalán de Aragón- lenguas propias de la Comunidad según la legislación vigente con casi 50 años de historia-, han presentado al lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, sendos informes elaborados por expertos de la Universidad de Zaragoza sobre la adscripción de las distintas variedades dialectales al aragonés o al catalán de Aragón, así como las zonas en que se hablan.
Asimismo, han presentado una queja sobre la «desprotección legal» en que quedarán estas lenguas si se suprimen sus nombres de la Ley de Patrimonio Cultural. Consideran que en tal supuesto se infringe la normativa estatal e internacional, especialmente la Carta Europea de las lenguas que obliga a todas las administraciones públicas, siendo la cuarta competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma según el Estatuto de Autonomía.
Por otro lado, subrayan en su queja «la omisión de las competencias concretas» en materia de lenguas en el decreto que regula las otorgadas a la de la Dirección General de Patrimonio, donde aparece como una «cuestión colateral».
Esta acción se suma a la reunión mantenida con una delegación del Consejo de Europa sobre el cumplimiento de la Carta Europea de las lenguas que se celebró a mediados de enero en Madrid y la campaña de recogida de firmas a través de Change.org que ya ha superado las 4.000.
En la reunión agradecieron al Lugarteniente la sensibilidad de la institución de El Justicia para con la pluralidad lingüística, desde el año 1993 en que el entonces Justicia, Emilio Gastón, elaboró un informe especial sobre la cuestión en el que sentaba sin ningún género de dudas la adscripción de nuestras «modalidades» lingüísticas al aragonés y al catalán, exigiendo su protección y una actuación decidida de la Administración aragonesa.