¿Quedará en papel mojado?
(Article publicat avui a El Periódico de Aragón)
“José Miguel Gràcia
Estaba a punto de publicar un pequeño artículo sobre el retraso en la aplicación de la Ley de Lenguas y más concretamente en lo que se refiere al nombramiento de los miembros del Consejo Superior de Lenguas, cuyo retraso excede los seis meses, ya que deberían haberse nombrado a finales de marzo, cumpliendo el plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley (30 de diciembre del 2009). Pero me entero, según ha publicado este periódico, que el decreto de nombramiento está preparado y puede que el Presidente Iglesias lo firme la próxima semana. A pesar de todo, la noticia es buena si, efectivamente, la próxima semana ya tenemos Consejo de Lenguas. Los nombres de los dos tercios correspondientes a la Universidad y a las Cortes hace tiempo que los conocemos, por lo tanto solo nos falta saber los cinco que designará el Gobierno. Algunos nombres vienen sonando como el de José Bada.
La Ley dispone también que en el plazo de ocho meses desde su publicación, el Gobierno debería haber aprobado los Estatutos de las dos Academias, es decir a finales de agosto. Otro incumplimiento más. Y a finales de noviembre el Gobierno debería nombrar los miembros de las dos Academias vista la propuesta del Consejo General de Lenguas. Poco tiempo le quedará al Consejo para elaborar los referidos Estatutos de las Academias y para hacer la propuesta de sus miembros al Gobierno. Mucho me temo que nuevamente no se cumpla lo establecido por la Ley.
No obstante, mi verdadera preocupación es que, como la Ley prevé un plazo de tres años para su total desarrollo, se tienda a considerarlo como ad calendas grecas. No olvidemos, por otra parte, que pronto vendrá la campaña electoral, después las elecciones, ganará el que gane y habrá un Gobierno monocolor o de coalición.
¿Para que habrá servido la Ley de Lenguas? ¿Por el momento, hay alguien que, por muy alta que sea su capacidad de recepción, haya notado los efectos de la Ley en los territorios de aplicación? ¿Qué territorios? ¿Qué ley? Tal vez alguno se preguntará dentro de un tiempo. Y en el ínterin, los “defensores” de la libertad interponen un recurso de inconstitucionalidad por las imposiciones de una ley que no obliga a nada a la ciudadanía. Otros más “audaces” impiden por la fuerza que se lleve a término un acto informativo sobre la Ley de Lenguas. Algunos partidos políticos les apoyan con sus declaraciones, los otros, con pequeñas excepciones, callan.
Me permitirán que acabe con unas palabras que he escrito recientemente con relación al tema y que fluyen desde la decepción y el humor: “Todo respira congruencia, ilustración, buena fe, responsabilidad y libertad de expresión.””