La Asociación Cultural Nogará-Religada, Estudio de Filología Aragonesa y Sociedad Lingüística Aragonesa han rubricado, junto a una docena de reconocidos hablantes de aragonés de los valles de Ansó, Echo, Bielsa o Benasque, así como la Baja Ribagorza, un manifiesto en el que expresan su preocupación por la política lingüística del Gobierno de Aragón.

El texto, que van a entregar a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, en la reunión que mantienen este jueves, destaca la necesidad de que exista “un proceso de normalización y normativización de las variedades patrimoniales” y un modelo de lengua común que reconozca las variedades locales y comarcales y en el que los hablantes maternos se sienten reflejados.

Según ha explicado en rueda de prensa el presidente del Estudio de Filología Aragonesa, Manuel Castán, los hablantes patrimoniales siempre han rechazado “lo presentado como fabla”, que “posiblemente se imponga en zonas urbanas” mientras en las rurales “desaparecen las variedades” del aragonés.

Rechazan, por tanto, los firmantes de este manifiesto, en el que también constan alcaldes de varios municipios altoaragoneses, el modelo gráfico publicado en 1987 que fue aprobado en el primer Congreso del Aragonés y que se encuentra en la base del modelo de lengua que denominan “fabla unificada”.

Por contra, abogan por la nueva grafía, como la elaborada por el Estudio de Filología Aragonesa, cuya creación se aprobó en el segundo Congreso celebrado en 2006, o la de la Sociedad Lingüistica Aragonesa.

Castán ha insistido en que en estos años se ha trabajado mucho en investigación hacia la elaboración de un modelo lingüístico con diferencias “pero común en lo esencial”, toda vez que ha añadido que dicho camino “no tiene vuelta atrás” y que ese modelo está “alejado” de las propuestas artificiosas del pasado, según reza el comunicado.

Para los firmantes del texto, el modelo que defienden debe ir acompañado de una grafía que tenga en cuenta el parentesco con otras lenguas románicas hermanadas, que sea válido para todas las variedades del aragonés, reconozca la etimología de las palabras y sea heredero de la tradición escrita, por lo que rechazan las normas publicadas en 1987 que siguen usando determinadas publicaciones.

En este sentido, Castán ha reconocido que también los hablantes no patrimoniales han trabajado mucho y ha resaltado la necesidad de alcanzar un acuerdo entre ambas corrientes, para lo que es imprescindible “la dirección” del Gobierno de Aragón.

A este respecto, Marta Marín, de Echo, ha agregado que el margen de acuerdo estará “en buscar la mayor aproximación a lo que los hablantes patrimoniales defendemos”.

Estos colectivos consideran que la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, puesta en marcha en la presente legislatura, vuelve a impulsar modelos caducos y critican que pretenda certificar la competencia del profesorado de aragonés con un diploma que se logra tras siete meses y cuyo desarrollo curricular no garantiza el aprendizaje de la lengua ni su dominio, como aseguran que ha anunciado el director general, José Ignacio López Susín.

Castán ha lamentado que, entre los profesores de este diploma no haya “ningún hablante nativo” como tampoco lo hay en la Dirección General de Política Lingüística, lo que no considera “ideal para representar el mundo del aragonés”.

Marta Marín, por su parte, ha anunciado que estarán “vigilantes” ante las medidas que adopte esta Dirección General dado que las personas que la representan “siempre se han manifestado en el modelo que no reconocemos como aragonés”, toda vez que ha incidido en que el objetivo del manifiesto es “ayudar” para que se hagan las cosas bien.

Marín y Castán -quien ha incidido en que el texto no pretende ir contra nadie sino mostrar su preocupación por este asunto- han señalado que ya han mantenido sendas reuniones con el director general, que han calificado de “cordiales” y en las que quedó en evidencia el fondo de la inquietud común por el aragonés pero “del resto, en absoluto”.