El conflicto que enfrenta a Cataluña y Aragón desde 1995 por un centenar de obras de arte de las parroquias que pasó de la diócesis de Lleida a la de Barbastro, en Huesca, tiene una sombra muy alargada. Cualquier acto relacionado con la zona conocida como la Franja que realice una de estas comunidades despierta recelo y suspicacia en la otra y acaba en acusaciones y, en muchos casos, denuncias en los juzgados. Son los daños colaterales de la guerra del arte que puede estar viviendo sus últimos momentos si la reunión anunciada para los próximos días entre los presidentes de las dos comunidades, Artur Mas y Luisa Fernanda Rudi, pone fin a este asunto enquistado.
Pero el camino no está siendo fácil. El Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, aparte de esperar el acuerdo que puede significar desprenderse de parte de su colección, vive una situación kafkiana con una de sus obras. La Resurrección, una tabla del siglo XV atribuida a Pedro García de Benabarre, que trabajó en Lleida y la Franja, fue entregada por la Diputación de Lleida al museo en mayo de 2009, tras comprarla en una subasta por 22.000 euros, su precio de salida, al no pujar nadie más. A los tres meses, la Guardia Civil se incautó de la obra impidiendo tocarla, moverla, restaurarla o exponerla. Y sigue inmovilizada, casi tres años después.
“No podemos hacer nada con ella, más allá de garantizar su conservación. Es como si estuviera secuestrada en nuestro museo”, se lamenta la directora Montserrat Macià que asegura no haber recibido denuncia alguna. “No sabemos que se hayan abierto diligencias, pero estamos tranquilos porque todo se ha hecho ajustado a derecho”, remacha. La Guardia Civil, contactada por este diario, no ha aportado más información sobre el caso.
Detrás de esta acción está el Gobierno de Aragón que mantiene que la venta es fruto de un expolio. Tras quejarse de no haber sido informado de la subasta, el Ejecutivo aragonés ejerció el derecho de retracto argumentando que “la obra pertenecía a la capilla del castillo de Benabarre y todos los bienes muebles que están en castillos aragoneses son bienes protegidos [por un decreto] desde 1949”. Sin embargo, desde Lleida aseguran que la obra estaba en la parroquia de Santa María de Valdeflores, tal y como muestran fotografías anteriores a 1936.
En Balclis, donde se subastó la tabla —un Cristo que emerge de su tumba ante dos soldados dormidos—, tampoco saben nada de la denuncia. Aseguran que la obra les llegó de dos hermanos que la habían heredado de su padre y que la bibliografía habla de su pertenencia a la iglesia parroquial. Así lo han explicado a la policía, además de mostrar correos que prueban que sí habían hablado con el Ayuntamiento de Benabarre. “Nosotros solo tenemos obligación de notificar la venta de piezas a los cuerpos de seguridad, la Generalitat y el Ministerio de Cultura”, defiende Enric Carranco, experto en pintura de la sala. “La obligación de cualquier buen gestor es seguir todas las subastas y no esperar a que te informen”, explica.
Pero la cosa no acaba aquí. Tras la compra, Aragón incluyó la obra en su catálogo del patrimonio cultural, a pesar de que Cataluña ya lo había hecho. Contra el derecho de retracto y la inclusión en el catálogo aragonés la Diputación presentó alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que están pendientes de resolver.
El origen de las obras está siendo clave para determinar quién tiene derecho a comprarlas. Es lo que pasó con otra pieza, un Calvario vendido en junio de 2009 en Alcalá Subastas (Madrid), una obra gótica atribuida a un anónimo aragonés de origen desconocido. La Generalitat alertó al Gobierno aragonés de la venta y comunicó al Ministerio de Cultura su interés en comprarla al pedírselo la Diputación y el Museo de Lleida. Este museo atribuyó la pintura a Pere Espallargues, activo en Lleida y la Franja a finales del siglo XV, que la pintó para el retablo de la localidad leridana de Son. Para los aragoneses la compra tenía sentido porque fue el Maestro de Viella quien la realizó para un retablo de Barbastro. Ante esta disyuntiva, el Ministerio de Cultura adquirió la tabla por 9.500 euros, y tras varios informes y 15 meses, apostó por la tesis aragonesa y la entregó al Museo de Huesca; una resolución que la Generalitat impugnó tras llevarla a la justicia ordinaria.
A esta situación tan crispada se añaden sentencias y decisiones recientes que nada ayudan a superar el impasse: la semana pasada la diócesis de Barbastro hizo llegar al obispo de Lleida una queja por prestar dos obras, de las 112 en litigio, para la exposición de arte gótico que inauguró el MNAC el 28 de marzo. En la misiva aseguran que no se les ha pedido permiso a ellos, que son los dueños de las piezas. “Se ha seguido a pies juntillas la legislación catalana que rige este tipo de cesiones, ya que son obras que a día de hoy forman parte del patrimonio cultural catalán”, dicen desde Lleida.
La última acción es la demanda que el Gobierno de Aragón presentó el miércoles pasado en un juzgado de Huesca, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de enero que dictaba, 14 años después, que la venta de las obras del monasterio de Sigena a la Generalitat en 1983 y 1992 fue legal.
Sin fecha fija, la reunión entre Mas y Rudi deberá calmar los ánimos y terminar con estos desencuentros entre las dos comunidades. Una tarea difícil que no se consiguió ni cuando Aragón y Cataluña estaban gobernadas por la misma fuerza política. La única lectura positiva es que el conflicto ha conseguido hacer famosos en los despachos de los políticos catalanes y aragoneses del siglo XXI a pintores como Garcia de Benabarre, Espallargues, el Maestro de Viella que vivieron en el siglo XV y que, de otra forma, serían totalmente ignorados.
