Consello D’A Fabla Aragonesa
En diciembre de 2009 se aprobó en las Cortes de Aragón la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón. Publicada en el BOA de 30 de diciembre, entró en vigor un mes más tarde, el 30 de enero de 2010. Desde entonces debería haberse aplicado, progresivamente, de acuerdo con el calendario marcado por la propia Ley, en especial por las disposiciones adicionales y transitorias. Sin embargo, casi dos años y medio después, en mayo de 2012, se puede decir que todos los plazos marcados por la propia Ley han sido incumplidos, no habiéndose aplicado ni desarrollado en ninguno de los aspectos que podrían servir para la revitalización, la dignificación o la normalización del aragonés.
En concreto, solo se creó uno de los organismos previstos en la Ley, el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. Y completamente fuera de plazo, pues la disposición transitoria primera dice que “En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley se constituirá el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón” y, sin embargo, se constituyó en diciembre de 2010. Por otra parte, este organismo, por su propia configuración y por las funciones, solo de órgano consultivo, que le señala la Ley, difícilmente puede ejercer dichas funciones (fundamentalmente hacer propuestas o emitir informes en relación con el desarrollo de la Ley 10/2009) cuando sus miembros mantienen posturas encontradas, algunas de ellas contrarias a la propia Ley, y cuando el contenido y la dirección del asesoramiento está generalmente condicionado por los propios órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma que deberían ser asesorados, es decir, el Gobierno de Aragón.
De esta manera, las acciones y omisiones, las palabras y los silencios del Gobierno de Aragón, han hecho que la vida del Consejo Superior de las Lenguas de Aragón haya sido hasta hoy lánguida, intermitente y escasamente productiva de propuestas e informes, dado que quien debía recibir aquellos y estos para llevar adelante el desarrollo y la aplicación de la Ley, no ha sido precisamente ni diligente ni activo a la hora de requerirlos o de aceptarlos. Después de las últimas elecciones autonómicas y la constitución de un Gobierno de Aragón con miembros del PP y del PAR, la situación se ha empeorado notablemente, de manera que las pocas reuniones habidas en los últimos meses han resultado inútiles o vanas, pues han consistido en poco más que en remitir escritos a los responsables del GA con la petición de que expliquen su posición en relación con el desarrollo de la Ley de Lenguas y en esperar.
Hace ya tres o cuatro meses se filtró a la prensa que el GA pretendía introducir en la Ley, mediante la remisión a la Cortes de una nueva redacción, una serie de modificaciones: supresión de los términos “aragonés” y “catalán” para hacer valer solamente el término “modalidades lingüísticas”; supresión de las academias, tanto del aragonés como del catalán; supresión de todo aquello que suponga normalización (o sea, uso social normal) y normativización (es decir, regulación formal interna); supresión de la posibilidad de uso de las lenguas propias de Aragón por parte de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas de Aragón, en los territorios propios de cada lengua; etc.
Todo esto no se ha concretado todavía, pero su mero anuncio resulta sumamente preocupante, sobre todo porque significa vaciar prácticamente de contenido a una Ley que ya era de por sí de nivel muy bajo, de contenidos poco ambiciosos y de escasa concreción en muchos aspectos (entre otros, los fundamentales para el desarrollo de cualquier lengua, como son la enseñanza, el uso público y los medios de comunicación). Por otro lado, pasan los meses y el Gobierno de Aragón ni aplica ni desarrolla la Ley 10/2009, ni presenta modificaciones a esta, con lo cual se ha creado una situación de “impasse” en donde la falta de iniciativa ha llevado a la inacción total.
Resulta lamentable este bloqueo, mientras la lengua aragonesa languidece, sumida como se encuentra, desde hace tiempo, en un proceso de pérdida, de descomposición acelerada, y en definitiva de extinción. Parece que al GA no le interese nada de esto y que su táctica consista en dar largas, para que la conjunción de fuerzas de la naturaleza, el paso del tiempo y la acción de algunos intrigantes, acabe con lo poco que queda.
Por otro lado, el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992, y ratificada por España, parecía que quedaba supeditado, entre otras cosas, a la existencia de un marco legal que reconociera las minorías lingúísticas en Aragón y articulara los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de los hablantes, la enseñanza, el uso público, el uso en los medios de comunicación, etc. Sin embargo, si una vez aprobada la Ley de Lenguas, ésta no se cumple, ni se aplica, ni se desarrolla, juzgamos que es un engaño afirmar que ya existe el marco legal requerido. Por lo tanto, el incumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias es evidente y flagrante en estos momentos. Y el responsable de hacer cumplir las disposiciones de la Carta Europea no solo es el Gobierno de Aragón, sino también el Gobierno de España, que la firmó y la ratificó.
Desde el Consello d’a Fabla Aragonesa nos vemos en la obligación moral de denunciar esta situación y en la necesidad de recordar algunos hechos básicos, que parece que se olvidan fácilmente. Las diferentes formas tradicionales de hablar del Alto Aragón forman parte de la lengua aragonesa. El aragonés es patrimonio de las comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza (mitad occidental), Bajo Cinca (parte septentrional); Somontano de Barbastro, Plana de Uesca (y algunos municipios de Cinco Villas y de Monegros). Este patrimonio se mantiene en muchas comarcas con gran fragilidad, mostrando fuertes síntomas de sustitución lingüística desde mediados del s. XX. Pero el mantenimiento de la lengua aragonesa como patrimonio de nuestras comarcas depende del reconocimiento de la lengua por parte de las instituciones, y sobre toto de que la enseñanza asegure la plena compentencia lingüística de la lengua aragonesa (junto con el castellano, y otra u otras lenguas extranjeras) de la población de las comarcas donde es propia y tradicional.
En estas circunstancias, los hablantes del aragonés han de tener sus derechos lingüísticos asegurados por la instituciones autonómicas (y provinciales, comarcales y locales), es necesario que la lengua aragonesa se reconozca en la legislación aragonesa, que se aseguren medidas para su conservación en las comarcas en donde es lengua histórica y tradicional, que forme parte activa de la enseñanza y que las instituciones desarrollen campañas activas para informar y concienciar a la población de que el aragonés forma parte del patrimonio cultural de Aragón, y de que, como tal, forma parte tamién del patrimonio de toda la humanidad. Solo con un compromiso de todas las instituciones y de toda la población es posible conseguir que el aragonés siga siendo una lengua viva, un medio de comunicación y de creación pujante, un patrimonio cultural de Aragón y de los aragoneses.
