La DGA sigue sin convocar al Consejo Superior de Lenguas – Aragón – El Periódico de Aragón.
El consejo se constituyó en diciembre del 2010. Foto:NURIA SOLEREdición en PDF
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A. I. I. 18/05/2012
El absoluto desinterés mostrado por el Gobierno PP-PAR en la Ley de Lenguas, aprobada in extremis la pasada legislatura está provocando serias fisuras en el órgano asesor creado para desarrollarla, el Consejo Superior de Lenguas. Desde el pasado mes de enero no ha habido contactos con el Ejecutivo autonómico, y este ente –formado por expertos lingüísticos– hará público hoy su malestar meditante una declaración ante la desidia y la falta de objetivos concretos para proteger y cuidar el patrimonio lingüístico de la comunidad autónoma.
SILENCIO EN CULTURA En varias ocasiones, este consejo, presidido por José Bada, se ha dirigido a los responsables de la Consejería de Cultura para interesarse por su situación, sin que hayan obtenido una respuesta. De hecho, es la intención de este Ejecutivo autonómico modificar la ley y ya existe un borrador que próximamente se remitirá a las cortes. En ese borrador se elimina cualquier referencia al término catalán, a pesar de que es hablado por miles de aragoneses en su franja oriental. La férrea oposición a emplear este término por cuestiones políticas y obviando en todo momento la rigurosidad académica, provocará que esta modalidad lingüística del catalán desaparezca del contenido de la ley. Mientras, se ha quedado inactivo un consejo formado por quince miembros designados por el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y los cinco grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón. El Partido Popular se abstuvo en su día de presentar a ningún consejero ante su rechazo frontal a la ley.
POSIBLE DIMISIÓN En principio, no se contempla que haya dimisiones inminentes en el seno del consejo, pero el malestar es patente e incluso algún integrante ha reflexionado mucho acerca de la idoneidad de continuar en un órgano que apenas ha podido desarrollar su trabajo. Hoy harán público su malestar, ya que consideran que tienen un compromiso adquirido que deben cumplir, a pesar del desinterés mostrado por el actual Ejecutivo autonómico.