Y ahora con la ley de lenguas – Opinión – El Periódico de Aragón.
Un parado será un desempleado en Zaragoza y un ‘aturat’ en Fraga, pero su problema no será nominalista, sino la falta de empleo, enredados los gobernantes en exacerbar sentimientos para tapar su impotencia
JAIME Armengol 12/05/2013
Cualquier ley es susceptible de ser enmendada, mejorada o anulada, pero el PP parece empeñado en empeorar todas las que toca. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, plantea una involución de tres décadas con el aborto, y el de Cultura y Educación, José Ignacio Wert, no le va a la zaga con la educación. Con sus nuevas leyes, ambos han conseguido irritar a una parte mayoritaria de la población que ve en peligro derechos civiles y cotas de igualdad en el acceso a los servicios públicos alcanzados con esfuerzo colectivo en los últimos años.
La contestación ciudadana y política no se ha hecho esperar, y de momento ha conseguido aplazar el rodillo parlamentario popular, como se comprobó el viernes tras la comparecencia en rueda de prensa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien enfrió el calendario revisionista de sus compañeros de gabinete. Aunque ni mucho menos signifique un paso atrás definitivo del Gobierno en su afán involucionista en materias tan sensibles, parece que las voces de los afectados y las críticas de la oposición han sido, por lo menos, oídas. Concurren además otros factores. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo porque además existe una evidente división interna en el Partido Popular, mientras que en la LOMCE por el reciente dictamen del Consejo de Estado que revolvió varios puntos de la ley. Dado que el giro conservador está garantizado, al menos que no sea de 180 grados.
En otro asunto legislativo sobre el que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, no se atrevió a opinar cuando fue interrogada el viernes por los periodistas, más por miedo al ridículo que por la fácil excusa de que no se trataba de un asunto de su competencia, fue en la polémica ley de lenguas aprobada esta semana en Aragón por su partido y por el PAR. Un texto legal en el que sí da un giro de 180 grados con varias cabriolas incluidas y que solo puede calificarse como un bodrio indigerible que atenta a la inteligencia. La nueva ley ha provocado la justificada hilaridad del resto de los españoles, que desconocían que entre los atributos de los parlamentos autonómicos se encontraba el de inventarse lenguas, el lapao y el lapapyp, por decreto. Dos lenguas reconocidas, el aragonés y el catalán, han dejado de existir en Aragón, pasando a ser consideradas modalidades lingüísticas de uso común en determinados municipios de la región, que podrán incluso decidir cómo se llama lo que hablan si dos tercios de sus concejales se ponen de acuerdo. Con la excusa de derogar la ley aprobada en 2009 por el PSOE de Marcelino Iglesias, con el apoyo de CHA, se ha alumbrado una ley que ni promociona ni protege las lenguas minoritarias, sino que las condena legalmente.
El inexplicable texto refrendado por PP y PAR con la excusa de que el anterior imponía a los aragoneses determinados usos lingüísticos que no le eran propios, supone de facto la derogación de una ley mucho más adaptada al rigor científico y a la realidad social de Aragón. En contra de lo que insinuó la diputada popular que defendió el nuevo texto, María José Ferrando, no presuponía la cooficialidad del aragonés y del catalán ni siquiera en las zonas de uso común. Alguien debería explicar los motivos de este giro radical en el PP y en el PAR, pues en la década de los 90, ambos secundaron la ley de Patrimonio de Aragón (que reconoce ambas lenguas hoy negadas) y un dictamen de política lingüística aprobado en 1997 que planteaba al Parlamento la aprobación de una ley que reconociera que “Aragón es una comunidad multilingüe en la que junto al castellano, lengua mayoritaria, conviven otras lenguas, que son el catalán y el aragonés, con sus distintas modalidades” y que llegaba a plantear su cooficialidad en los territorios donde se usaran.
Desconozco si alguno de los 37 diputados que han decidido que en Aragón se habla el lapapyp y el lapao saben quién era Jean-Joseph Saroïhandy. Si este filólogo francés fallecido hace 80 y considerado descubridor científico de la lengua aragonesa levantara la cabeza, no daría crédito. Aunque solo fuera por la memoria de un pionero como Saroïhandy, que pasó largas temporadas en la casa ribagorzana de Joaquín Costa para estudiar estudiar y recoger materiales del idioma aragonés, merecería pensar que el pleno del jueves que inventó dos neolenguas no pasaba de ser un mal sueño.
Cierto es que la regulación administrativo-jurídica de las hablas, lenguas, idiomas o dialectos de Aragón no afecta ni a la mayoría castellanoparlante ni a la minoría que se expresa de otra forma, pues seguirán haciéndolo igual pese a lo que diga el Boletín Oficial de Aragón. Un parado será un desempleado en Zaragoza, y un aturat en Fraga, pero su problema no será nominalista, sino la falta de empleo, enredados como están los políticos gobernantes en exacerbar sentimientos primarios para tapar su impotencia. Pero aunque así fuera, ¿no sería hora de que los propios partidos, para protegerse de sus excesos, pactaran que en lugar de una mayoría simple para modificar la legislación en asuntos referentes a los derechos civiles, a la universalidad de determinados servicios y prestaciones o a la cultura, fuera necesaria una mayoría cualificada? La economía no mejoraría, pero políticamente avanzaríamos, aunque fuera poco.
e Aragón (catalán occidental desde la perspectiva catalana), que la nueva ley denomina Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO) no ha dejado indiferente a los alcaldes del Matarraña. Uno de los más críticos con ella es el alcalde de Peñarroya de Tastavins y presidente de la Comarca del Matarraña, Francisco Esteve (PAR), quien reivindica el trato igualitario para todos los aragoneses “hablen la lengua que hablen, porque así está escrito en el Estatuto de Autonomía”.