“La Ley de Lenguas no cambia ninguna realidad, sólo la reconoce”

Mario Sasot, Pilar Bolea, Juan José Vázquez y Francho Nagore, ayer, en la Escuela de Empresariales. | PABLO SEGURA 1 2 3 4 5 6 7 .n-adjunto1 { background-image: url(‘/imagenes/descarga_adjunto_cabecera.jpg’); background-repeat:repeat-x; font-weight:bold; height: 21px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: white; font-size: 100%; letter-spacing: 0px; padding-top: 5px; padding-left: 40px; text-transform: uppercase; } .n-adjuntoelmt, a.n-adjuntoelmt { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-weight:bold; color:gray !important; line-height:1px; } .n-adjuntoelmt:before{ content: url(‘/imagenes/flecha_documento.jpg’); }

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HUESCA.-La vicerrectora del Campus oscense, Pilar Bolea, moderó la mesa redonda y un posterior debate en el que el público se mostró muy interesado por algunos aspectos de esta ley, como el carácter no oficial del aragonés y el catalán.

Vázquez, en el primer acto público tras la entrada en vigor de la norma, abrió las intervenciones centrándose en los plazos de una ley “cuyo fin no es cambiar ninguna realidad, sino reconocerla”. El viceconsejero subrayó los tres principios en los que se fundamenta la ley: “la voluntariedad de una norma que protege derechos y permite que los ciudadanos usen sus lenguas propias”, la “territorialidad” del aragonés y el catalán ya que “su uso está ligado a determinadas zonas” y, en última lugar, el carácter no oficial de ambas lenguas, decisión tomada por tres causas, adujo Vázquez. La primera de ellas determinada por el reformado Estatuto de Autonomía, que imposibilita que ni el aragonés ni el catalán sean oficiales; una segunda basada en “la convicción del GA de que así será más fácil desarrollarla” y “evitará posibles reacciones adversas”, especialmente en contra del catalán. La tercera razón tiene que ver con las modalidades dialectales: “La oficialidad exige un estándar y eso podría dificultar el mantenimiento de los dialectos”.

La ley, afirmó el viceconsejero, “favorecerá el desarrollo” de ambas lenguas y pretende que “el conjunto de la sociedad las asuma como una riqueza histórica y también de futuro”.

La Ley de Lenguas marca un plazo máximo de tres años para su entrada en funcionamiento en todos los ámbitos, desde el educativo al uso del aragonés y el catalán ante la administración pública aragonesa, nunca ante la española, precisó Vázquez que, además, prevé las mayores dificultades en este último aspecto.

Puntualizó que su Departamento tiene previsto que la normativa esté en vigor en el ámbito educativo y de enseñanza para el curso académico 2011-2012. Anterior será la constitución del Consejo Superior de Lenguas de Aragón, cuyo plazo de creación expira el 30 de abril de este año. Los quince miembros, con un mandato de seis años, serán elegidos a partes iguales, cinco cada uno, por el GA, la Universidad y las Cortes de Aragón. Este organismo “estará en contacto continuo con asociaciones y ciudadanos” y será el que “al principio” reciba y conteste las solicitudes realizadas en aragonés o catalán.

El siguiente paso será la creación de “dos órganos científicos, uno para cada lengua propia”: las Academias del Aragonés y del Catalán, ambas instituciones “regidas por criterios científicos”.

A continuación, será el turno para la constitución de los órganos administrativos que, “en el seno del GA, se responsabilizarán de la puesta en marcha de la ley”.

Vázquez también se refirió a la estructura creada para observar el desarrollo y cumplimiento de la ley, para lo que al estar aprobados los Presupuestos Generales de Aragón, “se han reorganizar los recursos relacionados con la norma en Patrimonio o Educación, por ejemplo, en una unidad administrativa que desarrolle la ley”.

Esta tarea recaerá dentro del Departamento de Educación y Cultura, como ya se recogía en los borradores y por ser este departamento el más relacionado con la ley, dijo Vázquez.

Una vez constituidos todos los órganos mencionados, comenzará “un proceso de normalización” de las lenguas propias en el que se tendrán en cuenta las experiencias previas de otras Comunidades Autónomas y países.

Vázquez concluyó recordando “la defensa de los derechos de los hablantes, por encima de los derechos de las lenguas” que hace esta ley y el “rigor científico” que la ha regido.

“LEY DE MÍNIMOS PERO POSITIVA Y A DESARROLLAR”

Francho Nagore, fundador del Consello d”a Fabla, comenzó su intervención mostrando al público mapas y datos sobre el uso del aragonés y el catalán en la Comunidad Autónoma, tras lo cual recordó todos los borradores y anteproyectos que se han sucedido antes de que la ley viera la luz. De la ley aprobada destacó el reconocimiento de las lenguas propias, aunque resaltó que al no ser cooficiales podrá haber “limitaciones” en la enseñanza y en el uso ante la Administración.

La ley fijará unas zonas “de utilización histórica predominante” del aragonés y el catalán -que deberá determinar el Consejo de las Lenguas- y también unas “zonas de transición-recepción”, como las cabeceras de las comarcas con zona histórica, en las que los aspectos educativos y de comunicación con la Administración serán iguales.

Por otra parte, las Academias “abrirán las puertas al uso de variantes locales” de las lenguas.

Subrayó la importancia de que estas lenguas se consideren a partir de ahora patrimonio aragonés, sobre todo por los efectos que tendrá en “su conservación y protección, su promoción, su uso como vehículo de cultura y su fomento”.

En la enseñanza, tras recalcar el carácter voluntario de la misma, lamentó la escasa concreción de la ley, que hará que el aragonés y el catalán esté dentro del currículo aragonés y en todos los niveles, pero sin especificar si será vehicular o no en las zonas históricas.

En resumen, se trata de “una ley de mínimos, pero positiva, ya que reconoce el aragonés y el catalán como lenguas propias, y que no impone nada, sólo facilita el uso y enseñanza en las zonas históricas”.

“CORAZÓN PARTIDO”

Sasot se declaró con “el corazón partido”, porque si bien por una parte “se reconocen por primera vez estas lenguas y se abre camino para avanzar mucho”, por la otra, se apena “al compararse con otras Comunidades”.

Subrayó la gran importancia de que la Universidad se involucre, con una gran oferta de enseñanza de estas lenguas. Sin salir del ámbito educativo, resaltó la “estabilidad” que se concede a los profesores de ambas materias, a quienes se les “exigirá una mayor cualificación y preparación”.

Llamó la atención sobre la situación en la que quedan las asociaciones, que deberán “replantear” su trabajo y recomendó que adopten una línea de colaboración pero también de “observancia crítica”.

Sasot pidió a la Administración que se fomente el uso del aragonés o el catalán en los procedimientos ante ella. Además, consideró que las partidas presupuestarias deben ser “mucho mayores” para evitar que la Ley de Lenguas “se convierta en papel mojado”.

Tras las intervenciones se abrió un turno de preguntas en el que los asistentes se mostraron preocupados porque la ley queda a expensas de “la voluntad política” del partido en el poder, a la vez que lamentaron la no cooficialidad del aragonés, lo que “podría hacer que no perviva”, o se interesaron por los criterios para nombrar los miembros del Consejo de Lenguas o para dictaminar qué zonas son de uso histórico predominante y cuáles no.

“La Ley de Lenguas no cambia ninguna realidad, sólo la reconoce”.